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Investiguen a exedil por venta de locales, exige Primo Salazar

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El exalcalde E. I. G. L., debería ser investigado también por presunta venta ilegal de puestos en el nuevo edificio de la central de abasto para beneficiar a sus amigos, lo que generó inconformidad, exigió el secretario general del Sindicato de Matarifes, Primo Salazar Góngora.

La corrupción —expresó—, imperó en la administración 2012-2015, y para nadie es secreto el negativo desempeño del exmunícipe.

Pero no solo a E. I. G. L., debe estar sujeto a investigación, sino también algunos de sus excolaboradores y Aracely Escalante Jasso, la expresidenta municipal cobijada en el Inapam.

Ambos funcionarios afectaron intereses de la comunidad, tal es el caso del rastro, donde Escalante Jasso donó una parte del predio a un particular y generó un conflicto que afecta la operación del matadero. En tanto, el exalcalde desvió recursos destinados al mantenimiento de ese lugar.

Por su parte, José Gómez Quej, síndico de Hacienda de la actual administración, mencionó que la ley está para ser cumplida, por lo cual hay que sancionar, previo juicio, a quien use erróneamente recursos públicos.

Quien presenció la comparecencia de E. I. G. L., ante la jueza Ana Concepción Gutiérrez Pereira fue la diputada Aurora Candelaria Ceh Reyna, quien afirmó que el exedil estaba con la mirada hacia abajo mientras le dictaban la resolución.

Cuando fungió como alcalde y tenía bajo su responsabilidad los recursos económicos del municipio y hacía mal uso de los mismos, fue altivo, soberbio y altanero, pero hoy lo vemos desencajado, lloroso y suplicando misericordia.

Exhortó a los funcionarios que tienen responsabilidad en el manejo de recursos públicos, ya sea federal, estatal o municipal, aplicarlos debidamente y en la materia en que están etiquetados.

Es decir —explicó—, si es para obras públicas que no se use en gasto corriente, y si es para programas sociales que no se destine al pago de deudas bancarias.

La mayoría de las opiniones apoyan que el exedil sea investigado por las fechorías realizadas durante su trienio y, si es culpable, castigado con todo el peso de la ley.

De acuerdo con el contralor José Pérez Vega, hay pruebas de que fueron desviados 140 millones de pesos en áreas como la Dirección de Obras Públicas, y estas acusaciones deben ser investigadas, concluyó.

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