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Se niega alcalde a reinstalar a exagente

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Tras ser acusado injustamente de participar en el robo de autopartes en el corralón municipal, encarcelado más de seis meses y obtener su libertad absoluta el pasado 28 de octubre por una magistrada que determinó que la acusación no contiene elementos suficientes, Jesús López Martínez reclama ser reinstalado como agente de la Policía Municipal.

Manifestó que el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus se niega a devolverle su trabajo como custodio del corralón.

“Llevo casi medio año tratando de hablar con el munícipe o con la secretaria del Ayuntamiento, Diana Méndez Graniel, pero se rehúsan a recibirme, ya me mandaron decir que no me van a devolver mi trabajo”.

“Creo que ellos tienen mucho qué ver con la venta de los carros que estaban en el corralón y nada más nos usaron como chivos expiatorios”.

Relató que era custodio del corralón y solamente obedecía órdenes, ahora Gutiérrez Lazarus no le quiere devolver su trabajo, lleva casi medio año viviendo de milagro.

En la detención del 15 de abril de 2016, aprehendieron a 11 civiles y cuatro elementos policiacos en el depósito de vehículos, presuntamente implicados en la venta ilícita de las unidades.

Todos ellos fueron enviados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Carmen y enfrentaron la acusación de robo en pandilla, con la agravante de abuso de autoridad para los policías, entre los que se encontraba el director de vialidad,  Rafael Almaraz Hernández.

Días después, la jueza primera de lo Penal dictó una fianza superior a 100 mil pesos para los civiles y 150 mil pesos para los policías, por la acusación de abuso de autoridad, misma que fue cubierta por los altos mandos, así como uno de los custodios y nueve de los civiles, quienes enfrentan el juicio en libertad.

Mientras que López Martínez y un matrimonio que se encontraba en el lugar vendiendo comida, permanecieron en prisión, al carecer de recursos para cubrir el monto de la caución.

Además el comandante Almaraz Hernández le hizo saber que se llevaba a cabo un programa de descacharrización por parte del Ayuntamiento y que la venta de los vehículos sería a través de la Asociación Civil Ecoaak, representada por Javier García Moreno y Hazzel Ortega Silva, a quienes les fue habilitada una oficina en el interior del corralón y quienes no han sido detenidos ni vinculados a los hechos delictivos.

“Ellos operaban ahí mismo, emitían los salvoconductos y se los llevaban a firmar a Almaraz Hernández. Esos documentos contenían los datos de las unidades que se iban a entregar a los chatarreros”.

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