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Respeta el alcalde orden de liberación

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El Ayuntamiento no continuará con ningún proceso legal contra el exedil E. I. G. L., quien recuperó la libertad, manifestó el alcalde Pablo Gutiérrez Lazaruz.

Y aseveró: “Respetamos la decisión de la jueza Ana Concepción Gutiérrez Pereyra de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por la garantía económica de 400 mil pesos, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo que emitió una autoridad federal”.

Aseguró que en recorridos por colonias, numerosos ciudadanos externaron su enojo por la liberación del exalcalde, “y coincidimos con ellos en que en Campeche impera la impunidad al exonerar a una persona que quebrantó el patrimonio de los carmelitas”.

Las 26 solicitudes de juicio político contra E. I. G. L. y gabinete presentadas al inicio de mi administración ante el Congreso del Estado, por corrupción, desvío de recursos y quebranto de arcas municipales, concluyeron en tiempo y forma.

Presentamos las pruebas que consideramos pertinentes —continuó Gutiérrez Lazarus—, y cumplimos con nuestra responsabilidad para no dejar impune los delitos cometidos por su antecesor y sus funcionarios municipales.

“Cumplimos con los procedimientos para señalar las anomalías cometidas en la administración pasada, y quedó en manos de las autoridades dictaminar la culpabilidad, por eso no tenemos razones para continuar con algún proceso”.

Gutiérrez Lazarus insistió en que como alcalde, la única petición que le haría a la Fiscalía General del Estado es que no haya impunidad, que no se desvíen las atenciones y que si encuentran algún tipo de anomalía en la presunta revisión del caso que pretenden realizar, sea precisa en sus acciones.

“Estamos hartos de corrupción, no podemos tolerar ni tapar este tipo de situaciones, pero en este caso tuvo que haber alguna prueba contundente para que la jueza tomara esta decisión. Es su responsabilidad”, indicó Gutiérrez Lazarus.

 

QUE INVESTIGAN FALTANTE EN VOCERÍA

Del presunto faltante de equipos digitales y de cómputo —cámaras fotográficas y de video y drone, entre otros con valor superior a los 300 mil pesos—, cuya responsabilidad recae en la exvocera Brenda Escarpulli Siu, el munícipe explicó que el caso está bajo investigación.

“Contraloría Municipal verifica este faltante, y si determina alguna culpabilidad contra la extitular, no me pesará la mano para aplicar la ley”, expresó y dio por concluida la entrevista.

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