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Casi cuatro horas tardó la primera audiencia

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Casi cuatro horas duró la primera audiencia de juicio oral realizada ayer contra los exservidores públicos carmelitas E. I. G. L. y F. M. R., acusados de peculado, a la que acudió en calidad de testigo el querellante y director de Auditoría B de la Auditoría Superior del Estado (ASE), J. A. A. R. G.

La defensa del exedil y extesorero, a cargo de Alonso Román Cuevas Ocampo, trató de demostrar mediante su contrainterrogatorio que en el decreto 111 por el crédito de 241 millones de pesos para seis obras —aprobado por LXI Legislatura del Congreso del Estado en el 2013—, no está prohibido textualmente el pago de apertura y manejo de cuenta bancaria, por lo que no habría delito.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de interrogatorio y reinterrogatorio, intentó demostrar que el pago de los nueve millones 281 mil 392 pesos —monto por el que se acusa de peculado—, debió realizarse con otros recursos municipales y con los del crédito.

Durante la audiencia, en la que hubo cambio de sede de Casa de Justicia al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, fue notoria la falta de técnicas de litigación tanto de la defensa como del Ministerio Público, lo que fue observado por el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, David Bacab Heredia. Las constantes objeciones de ambas artes atrasaron la diligencia.

La audiencia inició a las 10:24 horas y concluyó a las 2 de la tarde. El Ministerio Público destacó que en la auditoría del ejercicio fiscal del 2014 del Ayuntamiento de Carmen intervinieron ocho auditores, divididos en dos grupos, entre los que se encuentran la subdirectora de la Secretaría de Contraloría, G. B. B. C.; A. R. J. y J. M. B. P.

La defensa argumentó que A. R. L., no es contador público y era supervisor de la ASE sin tener el perfil profesional, y que J. M. B. P., es especialista en obra pública, por lo tanto, la auditoría habría estado a cargo sólo de la subdirectora de la Contraloría.

El Ministerio Público presentó 18 pruebas documentales, entre ellas irregularidades encontradas a la Comuna carmelita —periodo 2012-2015—, primero por seis millones de pesos y segundo por tres millones, lo que fue observado tras la querella.

Otras pruebas presentadas por la Fiscalía fueron contratos bancarios, oficios de autorización del exalcalde pagados por el extesorero, pliego de observaciones y dictámenes técnico y de auditoría.

Hoy está programado el testimonio de G. B. B. C. El juicio oral concluye el próximo mes.

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