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Martes 14 dictarán sentencia a exalcalde

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Hasta el martes próximo el Tribunal de Enjuiciamiento fijará la pena corporal, multa y reparación del daño en contra del exedil y extesorero carmelitas, E.I.G.L. y F.M.R., respectivamente, encontrados culpables en juicio oral del peculado de más de nueve millones de pesos.

El aplazamiento de la audiencia de “individualización de la pena” derivó de la presentación del director de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), J.A.A.R.G., y de la subdirectora de la Secretaría de Contraloría, G.B.B.C., como testigos por parte del Ministerio Público para explicar el daño ocasionado al erario municipal del Ayuntamiento por el desvío de nueve millones 281 mil 392 pesos.

La continuación de la audiencia está programada a las 9:30 horas del martes 14, en la sala Soberanía del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.

Aunque el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por el juez David Bacab Heredia como presidente, como relatora Míriam Guadalupe Collí Rodríguez y Pedro Brito Pérez como vocal, definan la sentencia de los exservidores públicos carmelitas aún no podrían ir a la cárcel ante la posibilidad de la apelación o amparo de los que haga uso la defensa representada por Alonso Román Cuevas Ocampo.

 

AUDIENCIA

La audiencia de ayer inició con casi dos horas de retraso ante la falta de organización administrativa del Poder Judicial del Estado, ya que uno de los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento fue programado para presidir otra diligencia judicial diferente.

Fue en la sala Revolución de Casa de Justicia que el Ministerio Público presentó a tres testigos, de los cuales se desistió de uno de ellos, quedando solamente J.A.A.R.G. y G.B.B.C.

Ante el retraso de la audiencia, Bacab Heredia decidió ajustar la intervención de las testimoniales, por lo que programó la intervención de G.B.B.C. para el próximo martes.

En los alegatos de apertura el Ministerio Público solicitó se imponga una pena de ocho años con nueve meses de prisión, 875 días de salarios mínimos vigentes, equivalente a 70 mil 35 pesos, y el pago del monto desviado.

El abogado defensor afirmó que la pena solicitada por la autoridad ministerial no tiene sustento legal ante la reforma realizada al Código Penal del Estado el 13 julio del presente año, al reducirse la pena mínima.

Al momento de pasar al estrado, J.A.A.R.G. fue cuestionado solamente por el Ministerio Público, cuya agente le hizo nueve preguntas, tres de ellas objetadas por la defensa de los ahora sentenciados, lo que generó un pequeño debate y la deliberación, en dos ocasiones, de los jueces para poner orden. La defensa no hizo uso de su derecho al contrainterrogatorio.

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