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Negligencia en muerte de la jirafa Melman, acusa Cicler Pérez

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Lamentable muerte de la jirafa Melman, la única en su especie en cautiverio, por lo que existe abandono y negligencia, el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal del Estado, lo que convierte en delincuentes al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus y al administrador del Parque de Convivencia Familiar y Zoológico carmelita, Jesús Salazar Vadillo.

Aseveró lo anterior  el jurista Miguel Cicler Pérez, quien interpuso una denuncia penal contra los funcionarios luego de tener conocimiento de la muerte de la jirafa, la madrugada de este jueves.

Indicó que es hora que los ciudadanos tomen la decisión de levantar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, marcada con el numeral AC-3-2017-9682, por el delito de maltrato animal, que está debidamente tipificado en el Código Penal del Estado de Campeche.

Relató que el fin de semana pasado, visitó el parque con su familia y pudo constatar junto con los demás visitantes, las precarias condiciones en que se encuentran los animales.

Incluso la cuota que se cobra en el Parque de Convivencia Familiar y Zoológico de Ciudad del Carmen es un abuso, porque ni el Parque y Zoológico Centenario de Mérida, Yucatán cobra, recalcó.

Puntualizó  que no hace falta ser veterinario para darse cuenta de que los animales padecen desnutrición, porque están muy delgados, los felinos en los huesos, les cuelga la piel por la falta de alimentación y cuidados, están nerviosos, muy inquietos y las jaulas sucias.

“El artículo 383 del Código Penal del Estado señala que se consideran actos de maltrato o crueldad en contra de los animales las conductas humanas de acto u omisión que causen cualquier mutilación, alteración de integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales sin fines médicos justificados”, dijo.

El delito que el alcalde cometió y que aún lo hace contra los animales del zoológico está a la vista de todos, responsable directo de la muerte de la jirafa y se le debe aplicar la ley, espetó.

Detalló que la ley marca una pena de uno a dos años de prisión y multa de 500 a mil días de salario a quien realice, patrocine, promueva, difunda o permita la realización de actos de maltrato animal.

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