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Frente empresarial ante nuevo impuesto

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Ante el nuevo impuesto por carga y descarga en vía pública que cobra el Ayuntamiento, representantes de empresas locales y nacionales presentaron su inconformidad ante la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), y pidieron interceda ante la autoridad municipal para exigir cese el acoso y la persecución oficial.

En la reunión con Silvestre Fuentes Flores, presidente del organismo, y Fernando Millán Castillo, estuvieron representantes de firmas transportistas de materiales, insumos y comestibles de diversas empresas.

Esta semana prepararán oficio dirigido al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, para exponerle su inconformidad contra el impuesto, y buscarán dialogar con él para encontrar una solución viable para ambas partes.

“No es aceptable la persecución oficial, pues la Policía Municipal está dedicada a levantar infracciones de tránsito por carga o descarga de productos en la vía pública en los diferentes establecimientos comerciales, lo que antes no se veía. Quieren cobrar por todo, sólo falta que lo hagan por circular en calles y avenidas”, externaron.

Cada empresa que realice la entrega de sus productos debe tramitar ante la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal un permiso, que cuesta 600 pesos, por  “uso de la vía pública, carga y descarga de diversos materiales”, así reza la leyenda impresa.

El impuesto posiblemente está previsto en el presupuesto de Ingresos, pero no se aplicaba a las empresas que todos los días realizan la distribución de alimentos, pues un solo camión de entrega visita por lo menos 10 tiendas en la ciudad, por lo que representaría un gasto por unidad de seis mil pesos diarios.

En el presupuesto de ingresos para el año fiscal 2018, se dispuso que este permiso tenga un aumento a 800 pesos por el uso de la vía pública, lo que será incosteable para cada empresa asentada en la Isla, para distribuir sus materiales, insumos o alimentos en sus puntos de comercialización.

Por otra parte, dependencias federales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no escapan del acoso y abuso policial. El pasado 28 de noviembre recibió una multa y una unidad fue remitida al corralón, por no contar con “permiso para realizar maniobras diversas que complican el tránsito vehicular”, mismo que tiene un costo de 600 pesos.

A este respecto, Eric Martínez Güemes, superintendente de la CFE Zona Carmen, indicó que la medida del Ayuntamiento es abusiva, pues durante todos los años que se realizaron trabajos de mantenimiento de las líneas eléctricas de la ciudad, por ser en beneficio de la población, no se pagaba nada ni se tenía que tramitar un permiso.

Ahora la Comuna exige el pago de una autorización cada vez que se tengan trabajos de mantenimiento, reparación o cambio de cableado y equipos de suministro eléctrico en la ciudad, lo que es abusivo, pues el material y los equipos son propiedad del Gobierno Federal.

Con los trabajos que la CFE realiza en la vía pública, el Ayuntamiento garantiza el servicio de alumbrado público a la población, pero aun así, le remitieron una camioneta al corralón municipal y debió pagar el permiso, la multa y el arrastre de la grúa. Este impuesto se incrementará a partir de enero del 2018, de 600 a 950 pesos.

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