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Trata de personas en caso Oceanografía

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La senadora panista Adriana Dávila Fernández denunció que en el caso Oceanografía, el Gobierno pudo haber incurrido no sólo en violaciones a derechos humanos de más de 300 trabajadores, sino en el delito de trata con fines de trabajo forzado, ya que en el tiempo que el Servicio de Enajenación de Bienes (SAE) operó a la empresa, les negaron pagos,  que dejaran las embarcaciones incautadas bajo la amenaza de abandono de trabajo y hasta que recibieran alimentos.

De acuerdo al periódico Milenio, la presidenta de la Comisión de Trata de Personas mostró videos tomados con su celular a 21 embarcaciones entre noviembre y febrero, donde se observa vacío el comedor, cucarachas, instalaciones enmohecidas y otras irregularidades.

De acuerdo a la legisladora, durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex se cometieron todo tipo de irregularidades con los trabajadores, que eran forzados a permanecer en los barcos bajo la amenaza de que si los abandonaban los despedirían.

Dávila mostró los oficios girados desde el pasado 27 de noviembre al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, en donde acusa que desde 2014 que Oceanografía fue asegurada por la PGR para investigar la denuncia de fraude contra el dueño, Amado Yáñez, el SAE se hizo cargo de la administración de dicha empresa.

“Laboraban 10 mil trabajadores que fueron contratados vía outsourcing, por lo que se inició la liquidación de algunos de ellos; no obstante, información obtenida en trabajo de campo en nuestra visita el pasado 20 de noviembre a las 21 embarcaciones aseguradas, 300 trabajadores fueron contratados por el SAE a fin de dar mantenimiento a las mismas”, refirió Dávila al titular de Hacienda.

Ese día, junto con el diputado Juan Corral, observaron evidentes violaciones a derechos humanos.

“Desde hace seis meses los trabajadores no han recibido pago alguno por la prestación de sus servicios; las condiciones en las que viven son inhumanas. Además de no tener la certeza de quién es su empleador, debido a la falta de información, no cuentan con alimentos, agua limpia o condiciones para llevar a cabo su trabajo”.

Adriana Dávila sostuvo que bajo engaños y amenaza de que no les pagarían sus salarios vencidos, ni se les consideraría el tiempo trabajado, muchos temían salir de los buques por temor a perder sus derechos.

Sin combustible, carecían de aire acondicionado y vivían en temperaturas de más de 38 grados, los turnos de 28 x 28 días no tenían los relevos necesarios, entre otros.

Por ello, pidió que la PGR abra una carpeta e investigue si se cometió el delito de tortura en el caso Oceanografía, hacia cuando menos 300 trabajadores.

 

De nuevo bloquean la Junta de Conciliación

Con valla humana y pancartas en mano, por segundo día consecutivo exobreros de Oceanografía se apostaron a la entrada de las oficinas de la Junta Especial número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje, y esta vez impidieron el ingreso del personal, como medida de presión para que la dependencia agilice los laudos que mantiene rezagados.

De 7 a 10 de la mañana, el contingente se apostó en la puerta del edificio administrativo, ubicado en la calle 30, por 33 y 35, de la colonia Centro, para exigir al presidente de la Junta, Javier Cherrez Sierra, copias certificadas de sus laudos.

José Rueda Medina, César Garduño Acosta, Homero Terán Vanoye, Elías Marín Moguel y Rafael Serrano Frías encabezaron la protesta, y explicaron que el requerimiento de las copias de procesos les fue requerido por el juez en la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, ante proceso legal que también tienen contra la naviera.

Los documentos les servirán para su defensa legal mediante el amparo, al ser condicionados por el juez federal Felipe Consuelo Soto, para que se afilien a un sindicato y reciban el dinero de sus finiquitos, en lo que no están de acuerdo.

De nueva cuenta, Cherrez Sierra dio excusas y los remitió a la capital del Estado, porque los expedientes ya obran en la central de la Stpscam. “No puedo hacer por ustedes”, justificó.

Este señor —expusieron los inconformes—, argumenta que tiene mucho trabajo, pero durante días no se ha presentado a su oficina y no saben de los avances de sus demandas ni de los embargos de barcos.

A las 9 de la mañana la subsecretaria de Vinculación en Carmen de la Stpscam, Marbella Mayela Josefina Rangel Herrera, los atendió y se comprometió a verificar el estado de sus expedientes.

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