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Separarían del cargo a alcalde por desacato

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Ayuntamiento cambió planos en mercado y quiere darle 3.5 metros a locataria, señala Alba

 

El alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, así como integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos del Ayuntamiento que encabeza Mayela Cristina Martínez Arroyo, Rosa Angélica Badillo Becerra y Eloy Villanueva Arreola, podrían ser separados de sus cargos y consignados ante el juez de Distrito por desacato a la orden de un juez federal.

Manifestó lo anterior Sergio Isaac Alba Rodríguez, en representación de la locataria María del Carmen Verdejo Calderón, a quien le corresponde un local de siete metros cuadrados del mercado Alonso Felipe de Andrade, conforme obra en la cédula de concesión C.J/CN/313/2015, entregada por la anterior administración.

Indicó que el actual Ayuntamiento cambió los planos y quiere darle solamente tres metros y medio, espacio insuficiente para su establecimiento.

Por tal motivo, durante dos años con siete meses permanecen asentados de manera provisional en una caseta en el área de tráfico y la Comuna no ha podido retirarlos, en razón del amparo 439/2017-VII-A, que los protege.

Durante el proceso de gracia, el juez Primero de Distrito, Esteban Daniel Chi Flores, ordenó al Ayuntamiento que iniciara un proceso de cancelación o ratificación del espacio que correspondía a la quejosa.

Pero en vez de llevar a cabo el procedimiento, simplemente cancelaron la concesión, sin fundamentar ni sustentar su decisión, porque de manear dolosa no llevaron a cabo el proceso donde ella hubiera tenido oportunidad de alegar algo en su defensa, apuntó.

Esta situación se repitió en otras dos ocasiones, por lo que el jueves 26 el juez otorgó un término de 24 horas a los funcionarios señalados, para remitir las constancias relativas al procedimiento llevado a cabo para cancelar la concesión, para ver qué tan viable o qué tan legal fue lo que se hizo, en base al resolutivo que ellos emitieron, con la cancelación directa.

“Ellos no pueden demostrarlo, porque ese documento no existe, nunca se llevó a cabo ningún tipo de procedimiento, ni ella fue notificada y menos que haya firmado o le hayan dado oportunidad de alegar algo en su favor”.

“Los funcionarios señalados directamente cancelaron dicha concesión con el fin de borrar todo lo anterior en cuanto a sus medidas, a los planos, desconocer todo el procedimiento que se llevó a cabo a la hora de la construcción del mercado, otorgar un espacio muy reducido y dar un nuevo permiso”, detalló.

De no cumplir con lo ordenado en el término concedido, el alcalde Gutiérrez Lazarus y los cabildantes mencionados, tendrán que pagar una multa de ocho mil 60 pesos y además los autos serán remitidos ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Distrito.

Esta autoridad a su vez podría ordenar la separación de los responsables en el encargo de sus funciones y su consignación directa ante el juez de distrito por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento a las ejecutorias de amparo.

“Es un patrimonio familiar lo que está en juego, nosotros lamentamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha intervenido en esta problemática, no han hecho absolutamente nada, están esperando que un juez se pronuncie, para darle seguimiento e irse con la cargada, sin tener un criterio propio, siendo una dependencia totalmente ajena a cualquier tipo de autoridad”, puntualizó.

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