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Solana, asustado por citatorio de la PGR

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Un citatorio de la PGR puso a temblar a Néstor Solana Ramos, director de Servicios Públicos y busca desesperadamente que locatarios del mercado “Alonso Felipe de Andrade (AFA)” lo apoyen para corroborar su mentira ante la autoridad federal.

El citatorio que recibió de la PGR es para declarar sobre la falsedad de declaraciones ante un juez federal y de emplear a locatarios del mercado, los convertiría en cómplices del delito cometido por el funcionario, advirtió Sergio Alba Rodríguez, acompañado de un grupo de comerciantes.

Alba Rodríguez, quien tiene 35 años como locatario de ese centro  de abasto, que conforme obra en la carpeta federal Fed/camp-0116/2000, Solana Ramos y Mayela Martínez Arroyo, esta última presidenta de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos del Ayuntamiento, son investigados por la PGR.

Puntualizó que los funcionarios declararon ante la autoridad que no ordenaron cambiar los planos del mercado, lo que ocasionó que a la locataria Rosa María Godoy Jiménez, le fuera negado el amparo que solicitó luego de que fueran reducidas las medidas originales de su local, conforme a los planos de la anterior administración.

Al mostrar el documento original así como el plano ya modificado por Solana Ramos y Martínez Arroyo, los quejosos pusieron en claro que las dimensiones de los locales sí fueron cambiados con el objetivo de reducirlos para obtener más lugares y venderlos al mejor postor.

Además, exhibieron un oficio emitido por la Dirección de Servicios Públicos el 20 de abril de 2016, dirigido al subsecretario de Seduopi y firmado por Solana Ramos, donde el funcionario entregó el plano digital de la distribución y medidas de la segunda etapa del mercado, donde afirma que el croquis fue modificado a petición de los locatarios y la distribución propuesta por ellos mismos.

“Con ese documento estamos probando que Solana Ramos sí modificó los dibujos originales de la obra, por lo que descaradamente mintió al juez federal, pero también al Gobierno del Estado, porque la modificación no fue hecha a petición de los locatarios, necesitaríamos estar locos para pedir que nos recorten el tamaño de nuestros puestos”, declaró.

Indicó desconocer la pena que pudiera aplicarse a los funcionarios, recalcando que se trata de una sanción fuerte, porque mienten a un juez federal.

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