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Violan derecho laboral de 4 mil

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En abierta y clara violación al derecho laboral de más de cuatro mil extrabajadores de Oceanografía, propietaria de Amado Yáñez Osuna, el juez Felipe Consuelo Soto, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México (CDMX), reconoció solamente los de tres despedidos.

Denunciaron lo anterior Juan Carlos Rayo García, Etny Magaña Arévalo y José Ángel Salazar Torcuato, representantes de este grupo de exobreros, y calificaron la decisión del magistrado como ultraje y burla.

Y expresaron: “Interpusimos recurso de revisión ante el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, solicitando el reconocimiento de los derechos que nos fueron violentados”.

Consuelo Soto es titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y al afectar a más de cuatro mil despedidos sin liquidación por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), solicitamos amparo, recalcaron.

Los inconformes recordaron que Oceanografía fue asegurada en febrero de 2014 por la Procuraduría General de la República (PGR), y que por mandato de ley quedó bajo la administración del SAE, que recibió a unos 11 mil trabajadores, a quienes regularizó altas ante Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Esta decisión obedeció a que estaban dados de alta ante la institución a través de empresas outsourcing, con cuotas obrero-patronales con salario mínimo, en abierta violación y fraude.

“No debemos olvidar que el aseguramiento de la empresa se hizo con el pretexto de privilegiar el pago de los obreros, pero hoy intentan evadirlo por cualquier medio, pero lucharemos hasta agotar las instancias”.

Unos ocho mil cambiaron su estado para ser reconocidos en informes y autos del concurso mercantil como empleados de Oceanografía, y con salarios, prestaciones y cuotas obrero-patronales reales.

En el periodo de reconocimiento de acreedores sólo se presentaron tres con adeudos laborales en sentencias de juicios anteriores contra la empresa, ya que los ocho mil estaban activos.

En 2015 el SAE dejó de pagar salarios y liquidaciones, generando deuda laboral para la empresa. El 21 de los corrientes los magistrados del Noveno Tribunal de Distrito les dio la razón, pero no procedió por el impacto que traería al juicio, que lleva más de cuatro años.

“Dicen que esto implicaría regresar todo al inicio, pues cada uno de este grupo de cuatro mil exobreros tendríamos un porcentaje de la deuda, que hoy está considerada sólo con tres exempleados”.

Con este argumento suspendieron la sentencia de amparo del expediente 152/2018, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el asunto, señalaron.

Es una abierta violación a nuestro derecho laboral, intentan por todos los medios evadir el pago de las liquidaciones a las que tenemos derecho y que por ley nos corresponde, pero seguiremos en pie de lucha, advirtieron.

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