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Mercado municipal, herencia de corrupción

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Aguas negras, inseguridad, falta de servicios, corrupción en la venta a trasmano de locales, sentencias federales no acatadas, denuncias penales, tráfico de influencias y nula presencia de Protección Civil es la herencia que dejará Pablo Gutiérrez Lazarus a la siguiente administración en el mercado municipal “Alonso Felipe de Andrade”.

Aseguró lo anterior José Dolores Espósitos Ordóñez, presidente de la Unión de Locatarios, tras señalar que durante tres años la administración de este centro de abastos ha estado marcada por la corrupción y negligencia de Néstor Solana Ramos y Juan Carlos Herrera Sánchez.

“Estamos a pocos días de que termine la administración municipal y el mercado está convertido en una papa caliente, además del desacato a las leyes y de las autoridades federales.

Durante tres años, Solana Ramos y Herrera Sánchez solamente hicieron negocios turbios con los locales, desoyeron las quejas de los locatarios, recaudaron dinero a su antojo, pero no resolvieron uno solo de los problemas, puntualizó.

En octubre de 2015, cuando los panistas llegaron al poder, los locales en el nuevo mercado ya estaban asignados y los comerciantes trabajaban en armonía, porque estaban conformes con sus concesiones, pero Solana Ramos metió las manos en el plano y empezaron los problemas.

“El problema con Pablo Gutiérrez Lazarus y sus funcionarios, que pese a que no habían locales disponibles, es que hicieron negocio a pesar de que la obra no fue municipal, sino del Gobierno del Estado”, señaló el dirigente.

Solana y Herrera solicitaron los planos a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi) e hicieron modificaciones a su antojo, sin consultar a los locatarios, precisó.

Ahí iniciaron los problemas, porque todos los espacios fueron reducidos en sus dimensiones, afectando a los comerciantes, lo que generó demandas judiciales en contra de la Comuna y la Comisión Edilicia de Servicios Públicos, que encabeza Mayela Martínez Arroyo.

Actualmente, estos funcionarios  se encuentran bajo investigación por parte de la Procuraduría General de la República, en respuesta a la denuncia presentada por locatarios luego de que mintieran ante un juez federal en relación a las modificaciones que hicieron en los planos del mercado.

MODIFICAN PLANOS

“Pero la Secretaría de Obras Públicas del Estado entregó copias de los oficios donde ordenaron el cambio de medidas de los locales por parte de la Comuna y dan todos los detalles, que están plasmados en la documentación que entregamos a la PGR”, aseguró.

Por tal motivo, cinco locatarios afectados, María del Carmen Verdejo Calderón, Sergio Isaac Alba Rodríguez, Rosa Godoy, Manuel Jesús Rebolledo Cruz y María Esther Rebolledo Cruz, se encuentran bajo la protección del amparo.

Sin embargo, Juan Herrera violó los candados de los locales asegurados, para instalar oficinas del Ayuntamiento, a pesar de existir la orden de la Comisión Edilicia, de entregar los lugares a quienes corresponde.

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