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Complicada, ZEE; sólo “una migaja”

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VILLAHERMOSA, Tab. (Apro).— Porque es “una migaja”, el gobernador electo Adán Augusto López Hernández, ve “complicado” que continúe en Tabasco el proyecto de la Zona Económica Especial (ZEE) decretada por el presidente Enrique Peña Nieto para la entidad y el Estado de Campeche.

El próximo mandatario dijo que todos los estados deben tener ventajas fiscales sin necesidad de establecer áreas exclusivas y que, sin adelantar vísperas, ve complicado “que las zonas económicas especiales persistan”.

Y añadió: “Para Tabasco es una migaja, es una superficie de 80 hectáreas sin la menor infraestructura, sería un desperdicio. Entonces, hay que reorientar los esfuerzos para que haya verdaderos beneficios fiscales y atractivos para las inversiones”.

—¿Se va a cambiar el proyecto?, se le preguntó

—Se va a cambiar seguramente, hay que esperar la resolución a nivel federal, es que es inviable que haya una zona económica especial en un área tan reducida, respondió.

En abril pasado, en Seybaplaya, Campeche, el presidente Peña Nieto firmó la declaratoria de ZEE para esa entidad y Tabasco, en presencia de los actuales gobernadores, Alejandro Moreno y Arturo Núñez, respectivamente, para reactivar sus economías ante la crisis petrolera por el desplome del precio del crudo.

El Ejecutivo Federal recordó que uno de los principales beneficios de las ZEE —siete en todo el país— es el paquete de incentivos fiscales, como la condonación de 100% del ISR en los próximos 10 años y 50% de las aportaciones patronales al IMSS, además de una bolsa de 50 mil millones de pesos de la banca de desarrollo para créditos a empresas que inviertan en esos lugares.

Además, destacó que la ZEE de Tabasco y Campeche, junto con la reforma energética que tiene contratos comprometidos por 200 mil millones de dólares, impulsaría la recuperación económica y generación de empleo en toda la zona del Golfo de México.

Peña Nieto mencionó que esta ZEE se suma a las establecidas en Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Progreso y Salina Cruz.

Por su lado, Gerardo Gutiérrez Candiani, jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE (AFDZEE), resaltó que, con el trabajo jurídico e institucional de la Federación en las entidades y municipios participantes, más la promulgación de leyes federales y estatales, declaratorias y convenios de coordinación, “hoy se puede garantizar la continuidad del proyecto y de las primeras siete zonas con una proyección transexenal”.

 

POLÉMICA COMPRA DEL TERRENO

Días después, el entonces candidato y ahora senador de Morena, Javier May Rodríguez, denunció que el Gobierno del Estado compró a precios sobrevaluados los terrenos para establecer la ZEE en el municipio de Paraíso, donde se ubica el puerto de Dos Bocas, lugar en el que se construirá la refinería anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Según dijo, eran manglares y se pagaron 40 millones de pesos por 80 hectáreas, pero los facturaron en 100 millones de pesos.

“No tienen llenadera”, acusó, y dijo tener conocimiento de que la compra se hizo entre el Gobierno Federal en contubernio con el Gobierno del Estado.

“Vamos a investigar qué autoridades participaron en esta compra y los vamos a denunciar”, prometió.

La Secretaría de Desarrollo Económica y Turismo del Gobierno del Estado (SDET) respondió a May Rodríguez través de un comunicado en el que rechazó que el terreno tuviera manglares, añadió que la adquisición se realizó con transparencia y legalidad, conforme a derecho, normas y lineamientos vigentes.

La funcionaria mencionó que se efectuaron dictámenes técnicos para no invadir reservas ecológicas, evitar impactos ambientales y áreas no susceptibles de urbanización, realizados por una empresa contratada por la Autoridad Federal de la ZEE, así como por técnicos de las secretarías de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (Sotop) y de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) del Gobierno del Estado.

Rodríguez destacó que el pago de las 80 hectáreas, por parte del Gobierno Estatal, se determinó con base en los avalúos del arquitecto Jorge Enrique Bejarano Correa, con registro ante la Comisión del Registro Estatal de Valuadores de Tabasco número 75, quien estableció un valor de 120 millones 408 mil 502 pesos.

Sin embargo, mediante acuerdo con los vendedores se logró un precio de compra/venta de 99 millones 993 mil 734.35 pesos, como consta en la respectiva escritura pública.

“Tales sustentos y trámites legales corroboran que en ningún momento pudo haber ni hubo especulación, sobrevaluación de los precios de los terrenos y mucho menos posibilidad de fraude, como lo han sugerido algunos actores políticos. En ese sentido, la SDET lamenta que se difunda información falsa con propósitos electorales”, estableció la dependencia.

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