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Prisión justificada de 40 días a policía

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En audiencia pública y por no contar con un domicilio fijo en esta ciudad, la jueza penal Fabiola Guerra Díaz dictó prisión justificada de 40 días al policía municipal Román S.H., por los delitos de homicidio, lesiones y daños en propiedad ajena a título culposo.

S.H., conducía la patrulla 053 de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, que la noche del domingo 28 de este mes mató a una madre y dos hijos menores de edad, en el cruce con semáforo de las calles 40 y 25, tras chocar contra un vehículo particular.

La audiencia inició a la 1 de la tarde y concluyó cinco horas 40 minutos después. El policía tuvo defensor público y no hubo ofrecimiento de la defensoría para llegar a posible acuerdo para la reparación de daños con los deudos. Ni siquiera se tocó el tema.

Así, el gendarme quedó en calidad de preso por no tener domicilio fijo en la Isla. La investigación será cerrada en cuatro meses.

Se reservó el derecho a declarar ante los cuestionamientos de la defensa de la parte afectada y denunciantes. Indicó que acudía a un reporte por lesión de arma blanca en la colonia Puntilla, pero negó haberse pasado el alto del semáforo en el cruce de las referidas calles, donde se impactó con un auto particular.

Sin embargo, en sus declaraciones asentadas en la carpeta de investigación 19/18-2019, Abraham Martínez Isaac y Catarina de la Nieve Calderón García, ocupantes del vehículo no oficial, dijeron haber escuchado la sirena de la patrulla cuando rebasaban un carro de alquiler, y sobrevino el accidente.

Acompañaba a S.H., el agente Ramón Gabriel Salvador Acosta, quien indicó que primero atendieron reporte de robo en una tienda de conveniencia de 24 horas, en las calles 38 por 53 de la colonia Electricistas. Detuvieron y subieron a la patrulla a dos responsables.

Luego, vía radio recibieron la orden de auxiliar a una persona lesionada con arma punzocortante, en domicilio en la calle 13, por 28 y 36 de la colonia Puntilla. Ya no llegaron a su destino.

Llamó la atención de este caso que en un principio el policía municipal detenido estuvo asistido en su primera declaración ante un agente del Ministerio Público de la Tercera Vicefiscalía Regional, por el litigante Ricardo Alamilla Llergo, que también asesoraba a los deudos de las víctimas. Ya ante la jueza Penal le asignaron defensor público.

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