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Judicialicen a exedil por corrupción; se esconde

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Para que rinda cuentas el exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, respecto al desvío de 13.5 millones de pesos de la Comuna, legisladores locales enviarán un exhorto a la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) y a la Secretaría de Función Pública (SFP), para que con las pruebas que ya se cuentan sea judicializado el caso de corrupción que orquestó el exedil.

Señaló lo anterior el diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, al lamentar que el exfuncionario panista hasta el momento no haya dado la cara ni externado alguna explicación para saber de la desaparición del recurso.

Recalcó que los diputados buscarán informar del caso a la Federación, para que el Gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador intervenga.

“Creo que todos los funcionarios que incurran en este tipo de irregularidades deben ser sancionados de acuerdo a lo que marca la ley, hay algunos casos en los que deben ser obligados a regresar el dinero que se llevaron, pero habrá otros en lo que dependen de las causales deben ser sancionados con la privación de la libertad, no sólo Pablo Gutiérrez Lazarus tiene grandes deudas con la sociedad carmelita, sino muchos funcionarios más que están inmiscuidos en la situación”, sostuvo.

Asimismo, expuso que estos hechos provocan la desconfianza en la ciudadanía, que durante su administración confió en él, por ello, que al acreditarse el faltante por parte de la autoridad competente, están haciéndole justicia a la ciudadanía.

“Debemos actuar en contra de la corrupción y no permitir que se facilite este desvío de recursos públicos, sin ejercer una sanción. Buscaremos desde el Congreso del Estado que intervenga la Federación, dependiendo del origen de esos recursos buscaremos que se sancione de una manera ejemplar”, externó.

Indicó que en lugar de realizar una propaganda de su imagen a través de las redes sociales, debe preocuparse por devolver el recurso, además que consideró como una burla el pretender buscar de nueva cuenta un cargo político, pese a todas las pruebas que lo culpabilizan como un mal funcionario.

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