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Siguen abiertos 88 expedientes

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Al revelar que exservidores públicos sólo han solventado dos o tres observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) a la cuenta pública 2018 —del trienio anterior—, Norma Alfaro Pérez, titular del Órgano Interno de Control (OIC), afirmó que están abiertos unos 88 expedientes por presuntas irregularidades.

Dentro de los expedientes —añadió—, está en proceso de integración la investigación por presuntas irregularidades a la gestión del extesorero Israel Medina Posada.

“Esta documentación contable no ha sido turnada al área de Sustentación, pues son muchas cajas y papeles que tenemos que verificar hoja por hoja. No es algo sencillo, seguimos con la investigación”.

Precisamente sólo dos o tres observaciones de la Asecam a la cuenta 2018 han sido sustentadas, y el resto sigue en proceso de investigación.

El documento de la Asecam publicado en su portal de Internet, en la auditoría del 1 de enero al 30 de septiembre a la administración de Pablo Gutiérrez Lazarus, destaca la falta de comprobación del pago de cuotas obreros-patronales y aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores por siete millones 240 mil 623 pesos, y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y servicios profesionales por un monto de seis millones 403 mil 745 pesos.

Además —continuó—, no encontró documentación comprobatoria y justificativa por dos millones 58 mil 784 pesos, otra por 12 millones 930 mil 652 pesos y una más por 12 millones 930 mil 652 pesos.

Otra observación es la falta de documentación justificativa de cancelaciones de ingresos recaudados, por 10 millones siete mil 540 pesos.

Alfaro Pérez refirió que la auditoría arroja como irregularidad el pago de actualizaciones y recargos por 28 millones 115 mil 617 pesos, pero tras la notificación del informe final de la solventación de las observaciones hechas, la Asecam comienza a notificar de manera directa a los exservidores públicos.

“Llega un momento en que sólo nos permiten abrir expedientes cuando concluyen o es enviado el informe final. Mientras la observación no es solventada, se abre expediente por cada una y se les investiga, para determinar quién es responsable, porque ahora no es el responsable el Ayuntamiento, sino quien haya estado a cargo del manejo de los recursos observados”.

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