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Clausura Profepa mansión de veraneo de los Mouriño

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Una mansión de verano de la familia Mouriño, ubicada en la zona residencial de Acapulquito, fue clausura por inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque construye un muelle sin los permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

También fue supervisada otra residencia contigua, de menores dimensiones y en obra negra, presuntamente propiedad del ex candidato panista al Gobierno del Estado, Mario Alberto Avila Lizarraga, pero al no encontrarse ninguno de los representantes, la diligencia fue diferida. Uno de los vigilantes confirmó que la propiedad es de la familia Avila Gutiérrez.

La residencia veraniega de la familia Mouriño se ubica en el acceso principal de este balneario residencial, tiene más de 15 habitaciones, cámaras de seguridad, estacionamiento para una decena de automóviles, albercas, jardines, muelle y una rampa para descender vehículos a la zona de playa. En la inspección no pudieron acreditar la documentación ni permisos de construcción del muelle, por lo que se procedió a la clausura.

Reporteros de TRIBUNA investigaron que se inició el procedimiento con folio PFPA/1.3/2C.27.5/0363-0, en que se ostentó como propietaria Giselle Brown Gantús, esposa del director general del Grupo Energético del Sureste (GES), Carlos Mouriño Terrazo, quien no pudo comprobar con documentación legal los permisos de construcción en Zona Federal Marítima Terrestre de un muelle de atraque.

Giselle es hermana del ecologista Alejandro Brown Gantús, quien en los últimos días ha estado cuestionando la labor de las autoridades ambientales que encabeza la secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable (Smaas), Evelia Rivera Arriaga, y que según él, ha permitido que se edifiquen obras y construcciones de manera irregular que atentan contra los recursos marítimos terrestres de la entidad.

En un recorrido por la zona, reporteros de TRIBUNA constataron que en la suntuosa propiedad son visibles los sellos de clausura que advierten que no pueden ser retirados ni siquiera de manera parcial, o serían sancionados en términos del artículo 187 del Código Penal Federal.

Pese a ello, las actividades de construcción no cesaron. Los obreros se negaron a explicar por qué continuaban los trabajos en una obra clausurada y uno de ellos se limitó a informar por radio de la presencia de los reporteros.

 

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