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Tráfico de influencias

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A más de 100 días de la muerte de una madre campechana y su hija en Mérida, Yucatán, sus deudos siguen exigiendo justicia, al tiempo que denunciaron posible tráfico de influencias y protección del gobierno de aquella entidad a favor de los propietarios del hotel “El Gobernador”, donde se hospedó la familia que resultó envenenada por arsenio o fosfuro, químicos altamente tóxicos.

Alicia León Acosta, Andrés Chan Espadas, Giani Javier Rivera Perera, padres y esposo de la ahora extinta Rossely Yharary Chan León, así como abuelos y padre de Rossely Valentina Rivera Chan, junto con su abogado Jorge Rodríguez Vargas, afirmaron que hay un caso más de envenenamiento de una familia tabasqueña, que el gobierno yucateco ocultó para proteger ciertos intereses.

Los familiares exhortaron a quienes se hayan hospedado en el referido hotel del 16 al 19 de agosto de este año, y que hayan tenido síntomas de vómito y desvanecimiento, para que acudan a denunciar, ya que es posible que también hayan sido víctimas de envenenamiento.

Señalaron que por sus propios medios investigaron y supieron que días antes del arribo de la familia de campechanos al hotel, el personal había fumigado el tercer piso, aparentemente con productos químicos que incluían arsenio y/o fosfuro. Se cree que se propagó por los ductos de ventilación y el aire acondicionado.

Las víctimas se habían hospedado en el segundo piso, y desde el principio se tuvo la sospecha de envenenamiento por fosfuro, un agente tóxico cuyo uso está prohibido en varios países, incluyendo México.

Los deudos y su representante legal pidieron la intervención del gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés; del procurador general de Justicia del Estado, Arturo José Ambrosio Herrera, y del secretario de Salud, Alfonso Cobos Toledo, para el esclarecimiento de los hechos.

Presentaron diapositivas de los resultados del laboratorio de la Clínica de Mérida y otras realizadas en Miami, que dieron como negativa la presencia de bacterias de Salmonella en las muestras que tomaron a Rossely y Yharary, quienes contaban con 29 años y tres años de edad. “Estos resultados desmienten lo que dice la Procuraduría”.

“¿En manos de quién está la justicia? ¿Qué valores les estamos enseñando a nuestros hijos?”, cuestionó Alicia, ante lo que calificó como una investigación llena de mentiras e irregularidades por parte de la SSA y la PGJE de Yucatán.

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