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A Oceanografía trato especial de la Apicam

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En tanto el coordinador de Infraestructura y Operaciones de la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam), Juan José Boeta Rosiñol, afirmó el pasado siete de marzo que Oceanografía debía poco más de 50 millones de pesos por actividades de cabojate y renta de espacio, el titular del organismo, David Alberto Uribe Haydar, corrigió la cifra y aseguró que son “poco más de 40 millones de pesos”.

Uribe Haydar no especificó si pagó o le condonaron 10 millones de pesos, ni aclaró si la empresa de Amado Yáñez Osuna depositó oportunamente algún tipo de fianza o aval que garantizara un crédito tan elevado o si gozaba de algún trato especial de la Apicam.

Como parte de los millonarios adeudos de Oceanografía aparecidos en las últimas semanas, ahora se sabe que afectó las finanzas del Gobierno del Estado a través del organismo descentralizado Apicam, por los pasivos que mantiene por el uso de la infraestructura portuaria, que al parecer no garantizó.

Aunque no explicaron motivos y conceptos de la disminución del adeudo, las declaraciones de ambos funcionarios de la Apicam se contraponen en lo que Oceanografía habría dejado de pagar desde el 2013 por cabotaje y renta de espacios en los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, donde arribaban las más de 150 embarcaciones que esa empresa operaba en el Golfo de México, hasta antes de ser intervenida por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Boeta Rosiñol reconoció en declaraciones publicadas el siete de marzo, que Oceanografía afectaba al menos el 17 por ciento de los ingresos anuales de la Apicam, que estimó en 300 millones de pesos.

Uribe Haydar rectificó la cifra y disminuyó en 10 millones de pesos el adeudo, sin explicar por qué, aunque reconoció que las labores de cabotaje de Oceanografía representaban al menos el 30 por ciento de las operaciones en el Puerto Isla del Carmen.

Oceanografía, destacó, es la única empresa de las 120 que operan en el Puerto Isla del Carmen, que tiene adeudos con el organismo descentralizado del Gobierno del Estado, y aunque no especificó si la naviera contaba con algún aval, fianza o trato especial, señaló que gestionan el pago mediante el SAE, a través de los activos de la empresa que es investigada por Pemex y Procuraduría General de la República (PGR).

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