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Ilegal impuesto estatal adicional al de nómina

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Desde el primero de enero de 2014, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas cobra a los empresarios que pagan nómina un impuesto adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el abogado José Guadalupe Celis Pérez.

Explicó que recientemente promovió un juicio de amparo, solicitado por un empresario campechano inconforme con ese nuevo impuesto, y  como resultado, el pasado 27 de junio el Juzgado de Distrito dictó sentencia declarando inconstitucional el Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, que se encuentra en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche.

«El juzgado resolvió después del estudio del la SCJN, ya que se viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues la base sobre la que se calcula el monto del impuesto se conforma con el importe de los pagos de las contribuciones sobre nóminas, al que debe aplicarse adicionalmente la tasa del 33 por ciento”, abundó.

Ejemplificó que si una empresa como Pemex paga mensualmente 350 millones de pesos en nómina de sus empleados,  debe contribuir al Estado con el Impuesto del dos por Ciento Sobre Nómina, que resulta en siete millones de pesos. Sobre esa cantidad  se calcula el 33 por ciento del  Impuesto Adicional para la Preservación, que resulta en dos millones 310 mil pesos, es decir, que en impuestos para el Estado, el empresario viene pagando más de nueve millones de pesos.

El dictamen establece que para la protección constitucional, el Gobierno del Estado debe devolver a las empresas agraviadas el importe pagado por ese impuesto con su respectiva actualización, a fin  de restituir a la empresa quejosa en el pleno goce de sus derechos vulnerados.

Instó a todos los empresarios que pagan nómina a tomar en cuenta lo anterior, para saber reclamar sus derechos,  dejar de cubrir ese impuesto adicional para que les sea enviado un requerimiento de pago y entonces promover juicio ante el Juzgado de Distrito, lo que redundaría en que les devuelvan el importe ya pagado a causa de este impuesto adicional inconstitucional.

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