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Cómplices, presidenta del TSJE y procurador

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Tomados de la mano, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosa Margarita Alfaro Waring, y el procurador general de Justicia, Arturo José Ambrosio Herrera, operan desde la cómplice clandestinidad para impedir el encausamiento penal del ex gobernador Salomón Azar García, consignado por el delito de fraude.

Sostienen su pretensión en el servilismo y la abyección del juez segundo de primera instancia del ramo penal del Primer Distrito Judicial del Estado, Pedro Brito Pérez, —que carece de principios éticos y morales, necesarísimos en la función jurisdiccional—, y en la permisividad y la tolerancia de la subprocuradora de Control de Procesos, Lizbeth del Carmen Cuevas Durán.

La historia sucinta de los hechos recientes es así:

Tras el proceso por daño moral contra Salomón Azar García, el juez de lo Civil lo condenó al pago de cinco millones de pesos, más costas, gastos, daños y perjuicios y a la publicación de la sentencia en los periódicos que recogieron sus declaraciones difamatorias contra Organización Editorial del Sureste, representada por Jorge González Valdez. No pudo acreditar sus acusaciones.

Dentro de la secuela procesal para intentar el cobro, se probó que era propietario de varios predios y terrenos en la ciudad de San  Francisco de Campeche. El juez dictó el embargo, y al ordenar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Salomón Azar García los había “vendido” a precios de ganga a su hermano Benjamín y a su ex secretario de Obras Públicas, Francisco Rafael Trejo Uribe, y regalado el resto a su madre Teresa García Mejenes viuda de Azar.

Concedida la petición de que se cancelara esa operación que reintegró los bienes a su patrimonio, y de vuelta a la solicitud de inscripción, se comunicó al juzgador que ahora los había dado en “dación de pago” a su primo Alejandro Piña Azar, quien moriría semanas después de cáncer de próstata.

Se averiguó que poseía cuentas en diversos bancos del país —hasta el momento no ha sido posible ubicar las que tiene en el extranjero—, y con los nombres de las instituciones y los números de registro, se pidió al juez su embargo. Concedida esa medida, llegó la orden cuando Salomón Azar las había dejado en ceros.

Por tales circunstancias se presentó denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. La conducta de Salomón Azar está tipificada como fraude en los códigos Penal y de Procedimientos Penales del Estado.

Para alcanzar la consignación resultó necesaria la intervención del juez segundo de Distrito, porque el procurador estaba empecinado en archivar la averiguación “ante la falta de suficientes elementos de prueba” para que procediera el Ministerio Público.

Al fin, el miércoles 30 de julio el director de Averiguaciones Previas “A”, Mario Humberto Ortiz Rodríguez, consignó el expediente, solicitando al juez del ramo penal que librara las  órdenes de aprehensión en contra de Jorge Salomón Azar García, Benjamín Azar García, Francisco Rafael Trejo Uribe y Teresa García Mejenes, por considerarlos responsables del delito de fraude genérico.

Varias semanas le llevó al juez miembro del cártel de la injusticia de Alfaro Waring llegar a la conclusión de que no existen motivos para procesarlos, en un delito cuya penalidad es de cuatro a 10 años. Así, ordenó 15 días después de inscrita su decisión, sólo comunicarla al fiscal. El derecho de la parte agraviada lo soslayó.

Ante la exigencia del representante de Organización Editorial del Sureste el pasado martes 21 en horas de la tarde, de que le notificara su decisión y le entregara el dictamen en que sustenta su negativa a dictar las órdenes de aprehensión, recurrió a un nuevo acuerdo, elaborado ese mismo día sobre las rodillas.

Margarita Alfaro Waring, Arturo Ambrosio Herrera y Pedro Brito Pérez debieron haber brindado de satisfacción. Todo les estaba saliendo bien. La parte agraviada ignoraba la resolución y el fiscal había recibido la notificación, que no apelaría, pese a la petición hecha con semanas de antelación, ante la sospecha de la confabulación.

El clavo estaba sobre el ataúd, habrán pensado. No contaban con que la subprocuradora Lizbeth del Carmen Cuevas Durán el mismo martes 21 reconocería que había recibido la notificación e indicaciones de no apelar. Y ya no podía, aunque lo pretendiera, porque el plazo inexcusable de tres días para hacerlo había fenecido el día anterior a la entrevista.

Extraoficialmente conocida la decisión del juez, el representante legal de Organización Editorial del Sureste se trasladó al poblado de Kobén, donde se encuentran las oficinas de los conjurados. Lo recibió la subprocuradora de Control de Procesos, el juzgador no. Seguramente porque no encontró el maquillaje para ocultar su cara de vergüenza.

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