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Como Casa de Injusticia se moteja ahora a ese edificio

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El Tribunal Superior de Justicia del Estado en manos de Rosa Margarita Alfaro Waring está convertido en laboratorio de la improvisación, la contradicción, el atraso y la mediocridad, en  gestoría de la arbitrariedad, la injusticia y la molicie y en pararrayos de los intereses de presuntos delincuentes, que en años pasados detentaron y aprovecharon su encumbramiento en el Gobierno para saquear, espiar, robar y burlarse de los campechanos.

Refugiados bajo las faldas del poder, esos aún hoy poderosos por las componendas del cargo que ocuparon, contemplan alegres que siguen sin ser alcanzados por el brazo de la justicia, tras su paso en el Gobierno, en que menudearon la rapiña y la arbitrariedad.

Tienen el horizonte libre pese a sus delitos, por las omisiones y los retruécanos de la ley en que incurren jueces inescrupulosos, bajo el mando y la furtiva mirada cómplice de Alfaro Waring.

De nada sirven las admoniciones, las súplicas, las demandas de que la ley se aplique sin distingos. No. Va la reiterada excusa a los agraviados por el desdén de Alfaro Waring: “Te recuerdo que todo resolutivo puede ser impugnado ante otras instancias, y así se lo he dicho a ambas partes”.

Y con lenguaje ponciopilatesco remata: “Finalmente siempre hay una instancia de revisión superior a los jueces de primera instancia. Por eso es absurdo pensar en indicaciones”. ¿Instancia de revisión superior? ¿O sea que los jueces son unos mediocres que necesitan ser revisados de manera constante? ¿Y las insinuaciones? ¿Y las recomendaciones? ¿Y las instrucciones? ¿Absurdidad? Inadmisible el término.

Alfaro Waring utiliza como bumerang sus argumentos. La revisión superior a que alude descansa sobre los magistrados, a los que preside. Lo absurdo es que se le haya permitido o inducido a retorcer la ley en defensa de los más oscuros intereses de quienes años atrás permanecieron en el Gobierno.

Ese es hoy el ominoso pago. No hay ni resquicio ni atajo para la duda, ni le importa poner en descrédito, ridículo, incredibilidad y mediocridad a una institución que debe ser honorable, como el Tribunal Superior de Justicia.

 

SIN CARRERA JUDICIAL

No sorprende tal actitud, pues la experiencia judicial de la magistrada Alfaro Waring es literalmente nula.

En su currículum, que resguarda como tesoro, se consigna que es egresada de la Facultad de Derecho de la entonces Universidad Autónoma del Sudeste, donde cursó sus estudios entre los años 1973–1978, y obtuvo el título con la tesis “La Necesidad de Actualizar la Ejecución Penal en el Estado de Campeche”.

Es ese su máximo acercamiento con el Poder Judicial del Estado, porque luego de ese texto, y de haber cursado una “especialidad en Derecho Social” (Derecho Laboral, Derecho Agrario, Seguridad Social y Problemas Socioeconómicos) en la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Margarita Alfaro nunca supo lo que es litigar.

Estuvo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la Administración Fiscal Regional Peninsular, como dictaminadora adscrita a la Oficina de Devoluciones y Compensaciones y en la Delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria como dictaminadora adscrita al Departamento de Inafectabilidad Agrícola y Ganadería.

Hizo sus pinitos como abogada en el Despacho Tostado & Berrón Asociados, de donde se ostenta como “litigante en el ramo laboral”, y luego se desempeñó como jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Campeche, como directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno.

De ahí ha desempeñado cargos políticos, como secretaria del Ayuntamiento de Campeche (2000 –2001), coordinadora de la Unidad de Asesoría Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche de 2001 a 2003; secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche del 2003  a 2009 y en la coordinación de Enlace del Gobierno del Estado-Pemex, fungió como coordinadora Jurídica de enero de  2011 a septiembre de 2012.

También ha sido diputada y  presidenta de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Campeche en la LV Legislatura, pero no ha tenido carrera judicial, por lo que se afirma que su llegada a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue en pago a su trabajo político, y como tal debe devolver el favor, retrasando o complicando la solución de los asuntos que se manejan en la mal llamada “Casa de Justicia”.

 

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