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Sin castigo a 17 años de espionaje azarista

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Al 17 años de haber sido descubierto en flagrancia un centro de espionaje montado por el ex gobernador Salomón Azar García en pleno Centro Histórico de la ciudad, no hay avances y la impunidad permea, afirmó la senadora Layda Elena Sansores San Román, tras advertir de su compromiso de llegar hasta las últimas instancias y presentar el caso en la Corte Interamericana de Justicia.

“Me entrevisté con el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y me aseguró que cerraría el caso para poder llevarlo a instancias internacionales. Con su cambio en el gabinete no sé qué ocurrirá.

Ha sido un viacrucis pero no nos damos por vencidos. Queremos abundar en la investigación, porque aún está pendiente la máquina que el juez que llevaba el caso ordenó destruir antes de que finalizara el juicio. Nos parece que es aberrante lo que hizo, y por eso insistimos en todos los medios. Los avances son nulos.

El sistema aún protege a Azar García, lo que es reprobable, pues la ciudadanía debe ser libre de actuar, sin vivir bajo la mirada perversa de la autoridad, que utiliza la información personal para destruir vidas.

Sansores San Román destacó que siempre han estado vigilantes para evitar el espionaje del Gobierno, aunque actualmente la sociedad está más organizada y consciente, por lo que confió en que lo vivido hace casi cuatro lustros, durante la administración de Azar García, no vuelva a ocurrir.

“Vamos a llegar hasta las últimas instancias. Al ser cerrado el caso iniciaremos el juicio en juzgados internacionales, que podría ser la Corte Interamericana de Justicia”, apuntó.

 

PROCESO ABIERTO

Este caso sigue abierto, porque en 2006 el Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, ordenó a la Procuraduría General de la República reabrir el expediente para desahogar las pruebas que quedaron pendientes. No han habido avances por las múltiples trabas impuestas por las autoridades, que así protegen al ex mandatario.

Está plenamente demostrado el espionaje, con las pruebas aportadas del sitio donde se encontró el centro de operaciones. Se demuestra que junto con su entonces secretario de Gobierno, Cruz Manuel “El Cuxo” Alfaro Isaac, Azar García lo equipó, financió y operó desde 1994 con respaldo inicial del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

Se promovió juicio político ante el Congreso de la Unión en contra de Azar y su sucesor, José Antonio González Curi, en cuyos primeros meses de gobierno siguió operando. Pese a las trabas,  no se claudicará hasta que reciban su castigo los espías, indicó.

Era una verdadera cueva de Alí Babá, en donde se planearon incluso extorsiones y secuestros a integrantes de prominentes familias, y uno de los afectados fue incluso el malogrado secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.

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