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Cesados 134 policías federales y estatales

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Del 2009 al 2012 han causado baja 134 policías federales y estatales por incurrir en irregularidades, cometer delitos (entre ellos homicidio) o reprobar exámenes de control y confianza, afirmaron el secretario de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad (SSPPC), Jackson Villacís Rosado, y el delegado en Campeche de la Procuraduría General de la República (PGR), Antonio Pompa Dorado.

Villacís Rosado destacó que en lo que va del sexenio 120 policías estatales preventivos fueron dados de baja, de ellos seis el año pasado por reprobar los exámenes de control y confianza.

“Hubo bajas por recibir dinero, actuar mal conforme a derecho y reprobar el examen de control y confianza”, destacó, y aseguró que tras el cese dan parte a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que los ex servidores públicos no vuelvan a ser policías federales, estatales o municipales en otra entidad, y se les da seguimiento para cerciorarse que no terminen en las filas del crimen organizado.

Pompa Dorado destacó que desde que asumió la Delegación —en febrero de 2012— han dado de baja o separado de su cargo a 14 servidores públicos, entre elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), ministerios públicos de la Federación y peritos.

Se les cesó por violentar el reglamento interno, además de ser investigados por la comisión de diversos ilícitos, principalmente extorsión y privación ilegal de la libertad, como denunciaron comerciantes de Pich, Campeche y El Carmen.

El caso más reciente fue el de los elementos de la PFM, Daniel Arcadio R.G., de 40 años de edad, y Alonso R.B., de 42, acusados por un comerciante carmelita de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés y extorsión. Quedaron libres el 8 de julio ante la resolución del juez segundo de Distrito.

Hubo apelación, y aunque Daniel Arcadio y Alonso están libres, fueron separados de sus cargos hasta que no resuelva el Tribunal Unitario.

Los aún servidores públicos federales, junto con otros dos más, fueron detenidos en junio pasado en cumplimiento a órdenes de aprehensión. Se les vinculó con la denuncia que interpuso el afectado en la PGR de México.

Además, a otro le dictaron auto de formal prisión y a uno más le reclasificaron el delito y alcanzó libertad bajo fianza.

Pompa Dorado destacó que desde febrero del 2012 han apelado 30 resoluciones de juzgadores federales al no estar conforme con ellas, y han sido no sólo por casos en los que están implicados servidores públicos de la Federación, sino hechos relacionados con el delito ambiental.

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