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Ajustan el Programa Financiero del Estado

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La LXII Legislatura ajustó el contenido del Programa Financiero Estatal, especificando la longitud de la construcción de lo que será el nuevo Puente de la Unidad, y los intereses que se proyecta cubrir por el financiamiento contratado por 20 años para esta obra.

Asimismo, inició diligencias para resolver una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que involucra a personal de la Fiscalía General del Estado y del Ayuntamiento de El Carmen.

En sesión extraordinaria, a la que asistieron 28 diputados, pues faltaron los siete panistas afines a Yolanda Valladares Valle, el primer dictamen aprobado se relaciona con la iniciativa que reforma el Programa Financiero Estatal, en su apartado A, fracciones II y V, contenido en el decreto número 130 de la LXII Legislatura del Congreso local, promovida por el Ejecutivo Estatal.

En ese decreto, referente al financiamiento de la construcción del nuevo Puente de la Unidad, obras complementarias y gastos adicionales que resulten necesarios para instrumentar dicha operación, se precisa ahora la longitud de la obra por 3.222 kilómetros.

También se incluyen y actualizan en el servicio de deuda del financiamiento autorizado en el decreto de referencia, los intereses que se proyecta cubrir, considerando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) actualizada a enero, que determinó el Banco de México.

En segundo término, el pleno aprobó el acuerdo que habilita a las comisiones de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad y de Derechos Humanos para que, con el carácter de especiales, desahoguen las indagatorias y procedimientos que permitan resolver la recomendación 63/2016 de la CNDH.

Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, que preside Laura Baqueiro Ramos, y Derechos Humanos, Fredy Martínez Quijano, determinarán las responsabilidades administrativas que ameriten los hechos expuestos en la recomendación 63/2016, que ocurrieron en octubre de 2015 en El Carmen.

Se acordó que al concluir los trámites legales a que haya lugar, rendirán el informe  correspondiente al pleno del Congreso, a través de la Mesa Directiva o de la Diputación Permanente, en su caso, a efecto de atender la denuncia presentada por la CNDH.

 

RECOMENDACIÓN

De acuerdo a la CNDH, el expediente 63/2016 refiere a violaciones a derechos humanos por prestación indebida de la función de seguridad pública y acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, que se cometieron en la toma de las instalaciones del Palacio Municipal carmelita por integrantes de un sindicato estatal el pasado 20 y 21 de octubre de 2015.

Se acreditaron violaciones al derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, por parte de la Vicefiscalía General Regional de El Carmen, al no investigar los hechos, probablemente constitutivos de delitos del orden común.

En tanto que personal del Ayuntamiento carmelita incurrió en indebida prestación de la función de seguridad pública a su cargo. La CNDH recomendó elaborar un protocolo de actuación para los casos de tomas de oficinas o inmuebles públicos de dicho municipio, con riesgo de que se prive de su libertad a las personas.

Además de otro sobre cómo actuar para hacer uso legítimo de la fuerza pública como último recurso, por parte de la Policía Municipal, en el que se tomen en cuenta los medios de disuasión, y no se ejerza de manera arbitraria.

La recomendación pide al Congreso local colaborar con la investigación administrativa correspondiente, y se determine la responsabilidad, en su caso, de las autoridades municipales.

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