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Analizan en el Congreso Sistema Anticorrupción

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Campeche tendrá un Tribunal de Justicia Administrativa, cuyos integrantes estarán en funciones por 15 años, y una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como parte medular del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, que se implementará para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y actos de corrupción.

La iniciativa, que plantea modificar la Constitución local, la presentó el Ejecutivo Estatal y recibió ayer su primera lectura ante el Pleno de la LXII Legislatura, en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Se tiene hasta el 18 de julio para la armonización constitucional.

De acuerdo a la propuesta, que crea también un Consejo de la Judicatura y un Comité de Participación Ciudadana, el Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por cinco magistrados que designará el gobernador, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso, y durarán 15 años improrrogables en el cargo.

En su estructura se contempla la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas. Será el órgano competente para imponer sanciones a servidores públicos y  particulares que participen en actos de corrupción.

Fincará a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

Se prevé como sanciones amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación y penalizaciones económicas.

La Fiscalía tendrá la función de investigar los hechos que pudieran constituir delitos en materia de corrupción. Será el órgano ministerial responsable de los procedimientos penales.

No estará supeditada jerárquicamente a otros órganos, lo que le permitirá fijar por sí mismo las reglas de su actuar. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio y plena autonomía para cumplir con su objeto.

El fiscal durará siete años sin posibilidad de ratificación. El Congreso lo elegirá después de emitir convocatoria para postular candidatos.

La iniciativa aclara que la función fiscalizadora de los recursos públicos recae en la Auditoría Superior del Estado, y se propone nuevo plazo para presentar la cuenta pública, que sería el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente.

Plantea eliminar acciones resarcitorias, contar con atribuciones suficientes para revisar fondos, recursos y deuda pública locales y  celebrar convenios de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar las participaciones federales.

 

DURARÁN MÁS AÑOS

La iniciativa propone un nuevo modelo de periodo para el ejercicio del cargo de magistrados y jueces del Poder Judicial. Por primera vez en la legislación del Estado de Campeche a magistrados y jueces se les establece un periodo definido de 15 años para ejercer el cargo. Como el de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Por esta razón también se establece tanto el haber como el apoyo de retiro para magistrados y jueces, con tiempo definido, del cual gozarán al concluir sus encargos. Al finalizar sus mandatos tienen el deber, en ciertos casos, de esperar un tiempo establecido para incorporarse a las labores jurídicas y evitar enfrentarse a posibles conflictos de interés.

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