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No debe Gobierno permitir aumento a las tarifas: PAN

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El Gobierno del Estado debe investigar para definir el ingreso que genera cada unidad de transporte público, y no permitir incremento alguno, demandó la diputada María Asunción Caballero May, al señalar que el empresario transportista que considere improductiva su actividad, que la deje, y le permita a otros ocupar su lugar.

Y destacó que impulsa la propuesta de exhortar al Instituto Estatal del Transporte (IET) a que se abstenga de formular propuestas de incremento a tarifas del transporte público de pasajeros, y que el resultado de la investigación sobre los montos que en realidad ingresa ese servicio, se entregue al Congreso del Estado.

De acuerdo a la iniciativa de punto de acuerdo, la legisladora panista también plantea exhortar a los integrantes del Consejo Estatal del Transporte del Estado, a través de su presidente Carlos Miguel Aysa González, secretario de Gobierno, a que en caso de recibir propuesta de incremento a tarifas del transporte público de pasajeros, se abstengan de aprobarla.

Caballero May remarcó que no hay la intención de perjudicar a los empresarios, ni hacer que operen en números rojos o con pérdidas, en detrimento de su patrimonio, “razón por la que debe permitírseles que, en caso de que la actividad no les sea conveniente o rentable, puedan renunciar al usufructo de la concesión para que esta no les acarree pérdidas”.

“Si consideran que no les conviene ya la actividad, que la dejen, y que en ese caso se lance la convocatoria para que otras empresas o personas que quieran prestar el servicio, se hagan cargo de ello”.

También recalcó que siendo una necesidad el uso del transporte público de pasajeros, debe de cuidarse que las tarifas no lesionen el ingreso de las familias, por ello se debe ser muy estricto, y siempre anteponer el cuidado de la economía familiar por encima de cualquier tipo de presión de los transportistas.

Es cierto que la aprobación de las tarifas de transporte público no pasa por el Congreso, pero creo que eso hay que cambiarlo en la ley, porque se trata de una contraprestación por la prestación de un servicio público que paga el ciudadano,  finalizó.

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