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Procede sanción penal: Cardeña

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Independiente del uso que se dio a las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por más de 94 millones de pesos que no fueron reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podrían configurarse los delitos de desvío de recursos y fraude fiscal, y existen los recursos jurídicos para iniciar procedimientos de tipo penal y administrativo, opinó el presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho, José Alfredo Cardeña Vázquez.

Y recalcó: “Primero el Ayuntamiento tiene que acreditar bien los hechos, qué autoridad le corresponde ejercitar la acción penal y buscar resarcir los daños. La ley confiere los instrumentos y recursos para ejercitar la vía penal o administrativa para este tipo de casos y otros, sin embargo, los funcionarios que presuntamente incurren en estas irregularidades la pretenden librar fácilmente por cuestiones externas, acusando que se trata de asuntos políticos”.

Cardeña Vázquez insistió en que el asunto que sacó a relucir el alcalde Edgar Román Hernández Hernández, sobre el incumplimiento del pago al SAT del referido gravamen descontado durante los años 2010, 2011 y 2012 en la nómina de los empleados de la Comuna de Campeche, al igual que las cuotas y descuentos al Issstecam, hay elementos que deberían ser analizados, revisados y valorados para sancionar a los responsables.

“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realiza el requerimiento de las retenciones de impuestos que no se cubrieron, y obliga al Ayuntamiento de Campeche a responder, o de lo contrario afectará sus participaciones, aunque también debe realizar algún procedimiento al tratarse de un fraude fiscal. No sólo se trata de recuperar el dinero y ahí quedó”.

Independientemente de si ese dinero se dispuso para otro programa o se le dio uso personal, implica responsabilidad de distintos tipos. La falta de pago puede evidenciar un delito fiscal previsto en el Código Fiscal de la Federación, y al usarlo para otros fines se incurre en desvío de recursos en el aspecto administrativo y también penal, explicó Cardeña Vázquez.

En el caso de las cuotas de los trabajadores de la Comuna que no se integraron al Issstecam, indicó que hay daño y afectación contra ellos, pues dejaron de cotizar para recibir los diversos beneficios.

Las reglas de la prescripción de responsabilidades deben ser revisadas para determinar lo procedente, porque en el ámbito penal esto se aplica a partir de estar enterado del hecho delictivo, y la responsabilidad administrativa puede implicar suspensión o inhabilitación, lo cual corresponde a los órganos internos del Ayuntamiento.

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