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Rechazan los transgénicos y parques eólicos

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Representantes de al menos 30 comunidades mayas de la Península de Yucatán anunciaron la creación del Frente Unido Contra las Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Ancestrales, y confirmaron que desde el 17 de septiembre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revocó el permiso a la empresa Monsanto para sembrar soya transgénica.

Encabezados por Leydi Aracely Pech Martín, los activistas rechazaron la imposición de proyectos de los gobiernos Federal y Estatal, tales como las de energía eólica, de transgénicos y parques solares que afectan sus formas tradicionales de vida. “Pedimos que se suspenda la consulta a los pueblos mayas, en tanto las autoridades no garanticen que no se siga usando y comercializando semillas genéticamente modificadas”.

La revocación del permiso de soya transgénica a Monsanto se dio argumentando que ha tenido manejo no confiable de la tecnología autorizada, puesto que no existe certeza de la efectividad de los controles de inventarios de la semilla.

A cinco años de haber otorgado el permiso, recordaron, este acto administrativo del Senasica es producto de la lucha organizada y de las múltiples denuncias de comunidades afectadas y organizaciones civiles ambientalistas y de derechos humanos por la siembra ilegal de soya transgénica en terrenos mayas de la Península.

El permiso se encontraba suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN en varios municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a raíz de las sentencias emitidas en diversos momentos. Se determinó la inconstitucionalidad del permiso por la ausencia de consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada a favor de las comunidades mayas, cuyos territorios han sido afectados.

Denunciaron que aún y cuando esta suspensión opera desde principios de 2016, tanto en la región Poniente de Bacalar, Quintana Roo, como en Campeche, se ha podido comprobar la presencia de soya transgénica sembrada durante 2016 y el 2017.

Se han detectado miles de hectáreas de soya genéticamente modificada, lo cual implica no sólo la violación a una sentencia judicial emitida por la Suprema Corte y al proceso de consulta mandatado por el máximo tribunal.

También es clara la evidencia de que en México no existen medidas adecuadas de bioseguridad que garanticen la siembra de transgénicos, sin que exista riesgo de contaminación y dispersión, y por lo tanto de “daños graves o irreversibles al medio ambiente, biodiversidad y salud humana”.

Entre las asociaciones y grupos que apoyan las peticiones están el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar; MA OGM; Colectivo de Semillas Nativas Much Kanan I’inaj; Educación Cultura y Ecología A.C; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., Greenpeace México, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Muuch Kambal, A.C., Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País y   Meliponario Mucen_Cab.

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