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Preso, alcalde paliceño

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Al alcalde de Palizada, P.J.A.C., la jueza de Control, Míriam Collí Rodríguez, le dictó prisión preventiva en el penal de Kobén, ante la solicitud de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en el delito de peculado por un millón 310 mil 977 pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fism), que debieron ser aplicados en la construcción de baños, y sólo uno concretó.

Ante la solicitud de la defensa de ampliación del término constitucional para determinar su vinculación a proceso, la jueza determinó la continuación de la audiencia el viernes próximo  a las 10 de la mañana en la Sala Revolución de la Casa de Justicia.

Trascendió extraoficialmente que sólo se le involucra en un expediente, porque existen otros que estarían a punto de ser puestos a disposición de un juez de Control.

Datos oficiales indican que hay 42 carpetas de investigación integradas por el Ministerio Público contra servidores y exservidores públicos. Sólo en 2017 la Secretaría de la Contraloría presentó  a la Fgecam  13 denuncias por delitos como peculado.

Desde 2016 la LXII Legislatura del Congreso del Estado eliminó el fuero constitucional, con lo que es el primer funcionario en ser procesado, estando en funciones.

Al alcalde panista lo detuvieron policías de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) tras la integración de la carpeta judicial 153/17-18. La actuación ministerial que dio cause a la orden de aprehensión, girada por un juez a petición de la Fiscalía, se extendería a otros integrantes de la administración municipal que P.J.A.C. encabeza desde el 1 de octubre de 2015.

La intervención de la policía adscrita a esa Fiscalía, que ha vinculado a proceso a dos exediles, —El Carmen y Tenabo, uno de ellos junto con la persona que era su tesorero—, ocurrió en la ciudad de San Francisco de Campeche, cuando P.J.A.C. había concluido diligencias personales. A las  14:45 horas quedó a disposición de la jueza de Control, para la audiencia de las 19.00 horas en la Casa de Justicia.

Además de los exediles E.I.G.L y D.E.C.C.,  ambos sentenciados y aun bajo proceso por otro cargos, en el actual sexenio, la Fgecam también detuvo y entregó al juez al exsecretario de Salud y su administrador. Así, son cinco exfuncionarios procesados por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

 

Proceso y sanciones

La Secretaría de la Contraloría señaló que el año pasado presentó 13 denuncias ante la Fgecam en contra de distintos servidores públicos por diferentes delitos, entre los que se encuentran peculado, uso indebido de atribuciones y facultades y abuso de autoridad, entre otros.

Además impuso 89 sanciones administrativas e inició 53 procedimientos administrativos.

El Código Penal en su artículo 296 señala que por peculado un responsable deberá pagar multa de 500 a dos mil días de salarios, además de inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión pública. Además la sanción de cinco a 10 años de prisión.

Esta sanción deriva del monto de lo “distraído” o de los fondos utilizados indebidamente, que exceden el equivalente a mil salarios mínimos. En caso de ser menor se sancionará con uno a cinco años de prisión, multa de 100 a 500 días de salario y destitución y suspensión para desempeñar empleo, cargo o comisión pública por igual término.

 

Tuvo observaciones de Asecam en 2016 por más de 94 mdp

En 2016 el alcalde paliceño P.J.A.C. erogó sin autorización del Cabildo más de 51 millones de pesos, y la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) le impuso 11 observaciones y tres recomendaciones por irregularidades, pagos injustificados, aviadores, sueldos exorbitantes y presuntos desvíos de fondos federales, obras y equipos fantasmas por 94 millones 441 mil 436 pesos

En el ejercicio fiscal 2016, el Congreso autorizó a P.J.A.C. recaudar 128 millones 620 mil 823 pesos, e ingresaron a la Tesorería 175 millones 176 mil 285 pesos, que incluye crédito por cinco millones de pesos. El edil gastó 51 millones 660 mil 376 pesos adicionales sin informarlo al Cabildo.

Entre las observaciones de la Asecam destacan haber devengado más de lo que recaudó; programas y su ejecución no se ajustaron a términos y montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016; falta de registros contables de pasivos e ingresos por dos millones 953 mil 493, falta de pago a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores por 968 mil 260 pesos, de documentación comprobatoria por 717 mil 615, pago de recargos y actualizaciones por 225 mil 287 y activos no encontrados por 128 mil 500.

Además, P.J.A.C. pagó sin justificación a proveedores tres millones 462 mil 935, remuneraciones superan montos autorizados en el tabulador de puestos y sueldos mensuales por un millón cuatro mil 948 pesos, pagos a personal de apoyo y eventual por 962 mil 128 que no se justifican. Así, gastó ocho millones 192 mil 266 pesos en aviadores.

Las irregularidades también se detectaron en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) por casi tres millones de pesos al hacer pagos sin justificación y en exceso, equipos adquiridos sin localizar, obras no iniciadas y no cobrar penas convencionales e intereses por retraso en su terminación.

Ayala también mal manejó 16 millones de pesos de fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento Financiero de la Inversión por pagos en exceso y conceptos no ejecutados y no cobrar penas convencionales por retraso en conclusión de obras.

De los recursos del Programa de Fortalecimiento Ambiental en las entidades ejecutados durante 2016, pagó tres millones 39 mil 43 pesos para obra que no funciona y faltan cinco equipos incluidos dentro de lo pagado.

El remate es que debió presentar información y documentación para solventar observaciones dentro de plazo improrrogable de 30 días hábiles a partir de la fecha en que recibió el Informe de Resultados, y parece que no cumplió.

 

Se deslindaron los cabildantes

PALIZADA.— Integrantes del Cabildo encabezados por los panistas José Francisco Delgado Martínez, Lourdes Paredes Díaz y Aurora Guzmán Sánchez y los priístas Valentín Mario Roldán Zavala, María Concepción Rodríguez Méndez y Fermín Abraham Díaz Damas se deslindaron del alcalde P.J.A.C. desde febrero de 2016, al advertir manejos turbios en el erario.

Desde entonces no le firman las cuentas públicas mensuales, y no aprobaron ni avalaron sus informes del primer y segundo año de administración.

Unidos, regidores y síndicos panistas y priístas acudieron al Congreso a exigir investigación exhaustiva y el fincamiento de responsabilidades al munícipe, que no atendió demandas y servicios y gastó del erario y al pueblo le alegaba falta de dinero.

Entre los múltiples señalamientos, destaca presunto desvío o falta de comprobación de más de 139 millones de pesos en lo que va de su administración. No hay transparencia en vales de combustible ni en el dinero descontado a los trabajadores por abonos de crédito e impuestos al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Por revanchismo político despidió a más de 250 empleados y se negó a pagar aguinaldos y quincenas de diciembre en 2016. En julio de 2017 fue retenido junto a los nueve regidores por negarse a pagar la liquidación a 50 exempleados.

Tiene pendientes con la Secretaría de la Función Pública federal por obras de pésima calidad, como las canchas techadas y dos parques de convivencia y la avenida Bicentenario, que está abandonada. En ambos proyectos mal invirtió más de 43 millones de pesos.

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