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Temen ir a la cárcel 3 alcaldes panistas

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Los alcaldes panistas de Candelaria, Salvador Farías González; de Calakmul, Juan Enrique González Chan y de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, presentaron solicitud de amparo indirecto ante juez de Distrito Federal, para evitar “un proceso arbitrario” en caso de que la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) inicie algún procedimiento en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Luego de que Pedro Cámara Ayala, exalcalde de Palizada, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), fuera detenido y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, por presunto peculado por más de un millón de pesos, los ediles panistas buscaron la protección de la justicia federal para que no sean objeto “de un proceso arbitrario”.

El recurso lo presentaron el 16 de enero ante un juez de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que le dio entrada a la demanda de amparo y solicitó a la FGE informes para precisar la existencia de algún expediente o carpeta de investigación en los que estén involucrados.

Acusaron que la Asecam demandó penalmente al edil de Palizada y la FGE no le brindó el derecho a defenderse y lo consignó ante un juez penal, con medidas excesivas de prisión preventiva en asuntos que no establece la ley.

“Para evitar una violación arbitraria a nuestros derechos consagrados en la Constitución Federal por parte de dichas autoridades locales, es que nos vemos en la necesidad de buscar que una autoridad judicial federal nos garantice el derecho de audiencia y debido proceso en su caso”, manifiestan los alcaldes.

Demandaron que la justicia no sea utilizada como mecanismo de presión a sus ejercicios como autoridades emanadas del pueblo, y aclararon que “no tenemos miedo de haber cometido ninguna irregularidad, aquí se trata que se evite la violación procesal”.

Los ediles panistas justifican que el recurso interpuesto no cae en una desesperación o temor ante las acciones de combate a la corrupción que se aplica en el Estado, pues aseguran no tener asuntos irregulares en el manejo de los recursos. Sin embargo, basan su miedo en que la Asecam detectó faltantes y desvíos de recursos en las observaciones emitidas en la revisión de las cuentas públicas.

Estamos dispuestos a colaborar y aportar todo lo que demanden las autoridades, en caso de que la Secretaría de la Contraloría (Secont) y la Asecam hayan iniciado algún procedimiento, pero que los recursos legales no sean instrumentos para ejercer la mano de la justicia de manera torcida, finalizan.

 

Son “amparos buscadores”, dice Paredes Echavarría

“Cuando las barbas del vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”, es el refrán que algunos servidores públicos municipales han implementado tras la detención por peculado del edil de Palizada, a pesar de que hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche no ha iniciado ni una sola carpeta de investigación en contra de funcionario alguno.

Así lo señaló su titular José Ángel Paredes Echavarría, al destacar que ha conocido de dos amparos que les han notificado, de los que se reservó las identidades de los promoventes, aunque trascendió que uno de ellos es el edil de Candelaria.

“Hemos recibido de dos autoridades, de un juez de Distrito, la solicitud de los informes correspondientes, donde formularon el amparo en contra de esta institución y de otras más, supongo para conocer si existe alguna investigación”.

Paredes Echavarría explicó que este tipo de actuaciones jurídicas, (como el edil de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, quien se amparó en contra de orden de aprehensión de la Fiscalía Anticorrupción), son conocidas como “amparos buscadores”.

“En el medio se le llama amparos buscadores. Están tratando de detectar si existe investigación en su contra en alguna dependencia”, refirió. Los recursos habrían sido promovidos en contra de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE), Anticorrupción, la Secretaría de Contraloría y/o la Auditoria Superior del Estado de Campeche (Asecam).

En este momento no tenemos ninguna carpeta de investigación en contra de algún servidor público en el ejercicio de sus funciones por la comisión de algún delito, indicó.

A pesar de ello, la FGE puede tener alguna investigación abierta en contra de exservidores públicos o en funciones, si conoció del hecho antes del 31 de diciembre, cuando aún no entraba en funciones la Fiscalía Anticorrupción.

“La ley señala que los asuntos que se hayan iniciado antes del 31 de diciembre serán atendidos por la FGE y los que inicien a partir del primero de enero nos llegarán a nosotros”.

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