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Condena Codhecam actos contra chapitas

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El desalojo del Centro Histórico de vendedores ambulantes y personas en situación vulnerable no se hace por vías correctas, consideró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Juan Antonio Renedo Dorantes,  e informó que abrirán carpeta de investigación contra el Ayuntamiento, y en días próximos le emitirán una recomendación por el trato violento contra mujeres indígenas.

Han intensificado los desalojos contra vendedores ambulantes, y ahora personas que piden caridad, sobre todo de la tercera edad, reconoció, y llamó a las autoridades a adoptar medidas para no violentar los  derechos humanos.

Pese a que nadie ha presentado queja formal contra el Ayuntamiento en relación con los últimos tres casos difundidos en redes sociales, la Codhecam abrirá una nueva carpeta de investigación con videos, audios, fotografías y publicaciones. También llaman la atención detenciones en el mercado “Pedro Sáinz de Baranda”, donde todas las personas tienen permisos para vender.

La investigación, agregó, incluirá a policías de tránsito, que bien pueden auxiliar,  pero las funciones deben ser efectuadas directamente por inspectores, basados en una orden. Se pedirá al Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dictar medidas legales que correspondan.

Además, enviarán recomendación al Ayuntamiento por la queja de meses anteriores de mujeres indígenas llamadas “chapitas”, por ser despojadas violentamente de su mercancía y tratarlas inhumanamente en plena luz del día. La Codhecam exige respetar los derechos humanos, que no se atropelle y evite la  violencia. Que al retirarlas se basen en un protocolo.

Aunque hay un reglamento que impide vender en el Centro Histórico, lo ideal es que el Ayuntamiento informe y no las deje llegar al sitio.

 

Hostigamiento viola los acuerdos internacionales

El abogado de los vendedores ambulantes Abraham Castelán Salazar, acusó al Ayuntamiento de Campeche de discriminación contra la actividad de los grupos étnicos y de violar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales signado por México.

Pidió audiencia al alcalde Edgar Herrnández Hernández para resolver esta “crisis” que afecta a sus representados pues aseguró que las autoridades del municipio de Campeche pueden corregir las acciones realizadas contra los comerciantes de la vía pública, ampliamente documentadas por los medios de comunicación y los ciudadanos.

Argumentó que el Reglamento para el comercio en la vía pública del municipio de Campeche, en particular su artículo 23, legaliza una discriminación sistemática al generar desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros, por lo que se espera llevar a cabo una audiencia de amigable resolución con el alcalde de Campeche, Edgar Hernandez.

Señaló que sus propuestas serán: 1.- Asesoría con participación de un intérprete para la divulgación  precisa de la información en el idioma de la persona o  grupo de interés, en la realización del trámite de la licencia de funcionamiento con vigencia de un año y reubicación de los puntos de venta. 2.- La devolución completa de la mercancía asegurada por parte de los inspectores del municipio.

Y 3: reforma al reglamento para el comercio en la vía pública  del municipio de Campeche, con estricto apego al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado por nuestro país.

 

Tesorería, responsable del acoso

En tanto el subdirector de Mercados del Ayuntamiento de Campeche, Carlos Antonio Pérez Salazar, se deslindó de acciones de los inspectores para remover a vendedores ambulantes en los alrededores del mercado Pedro Sáinz de Baranda, la Tesorería y la Secretaría de la Comuna Ayuntamiento se negaron a informar.

En las últimas horas se incrementó el malestar ciudadano en redes sociales por acciones de inspectores del Ayuntamiento de Campeche, que con apoyo de policías han decomisado productos a vendedores ambulantes en calles del Centro Histórico y el mercado principal.

Al respecto, Pérez Salazar sostuvo que de plano no tienen nada que ver con el operativo, que está a cargo de la Tesorería. Nosotros nos mantenemos al margen, y lo único que revisamos es que las personas tengan ciertos permisos y que no ocupen espacios no autorizados.

Ni el tesorero municipal, ni el secretario del Ayuntamiento, Jesús Antonio Quiñones Loeza, aceptaron aclarar la versión. Pongan lo que quieran, aclaró un subalterno de Quiñones.

En tanto, en redes sociales se han vuelto virales los videos de los operativos en donde se desaloja a vendedores de chicharrones y otros productos y las acciones en contra de las llamadas “chapitas”.

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