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Confirma Fiscalía que chapitas venden droga

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La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) investiga la existencia de una red de trata de personas y de narcomenudeo, en el que emplea a mujeres y hombres indígenas originarios de Chiapas, para comercializar estupefacientes bajo la imagen de vendedores ambulantes en el Centro Histórico.

Tras la denuncia pública de TRIBUNA, el fiscal Juan Manuel Herrera Campos afirmó en conferencia de prensa, que la línea de investigación que integran desde hace un año, primero fue por trata de personas y ahora por narcomenudeo, tras el aseguramiento de un chiapaneco con siete dosis de polvo de cocaína el pasado miércoles 7 de abril.

“Desarrollamos una investigación desde hace tiempo por diversos ilícitos, entre ellos el de trata de personas en su modalidad de explotación laboral, y ahora con el hallazgo de esta persona con estupefacientes, nos lleva a indagar que estos grupos pueden estar conformando una red de narcomenudeo”, señaló.

El 27 de abril del año pasado, Herrera Campos informó sobre la ubicación y cateo de sitios de hacinamiento en la ciudad capital, en los que tenían resguardados a mujeres y menores de 18 años, indígenas y originarios de Chiapas. No hubo resultados.

“En cuanto las investigaciones avancen y sea el momento oportuno para darles a conocer los datos, se los daremos. Lo que tengo que hacer ahora —en esta etapa de la investigación— es guardar la secrecía que la ley me exige, por ese motivo no puedo dar mayor información” excusó.

El indígena originario de Chiapas, asegurado a principios de abril de este año, fue identificado como A.J.G., de 24 años de edad, a quien elementos de la Dirección de Vialidad le encontraron siete dosis de polvo de cocaína, cuando lo amonestaban verbalmente por dejar su bicicleta debajo de una caseta telefónica de la calle 8, entre 61 y 63 del Centro Histórico.

El joven fue llevado ante el juez de Control el sábado 7 de abril. En la sala Revolución de Casa de Justicia, la juzgadora, Ana Concepción Gutiérrez Pereyra, lo vinculó a proceso. Sin embargo, en esa misma audiencia fue solicitada una salida alterna.

El joven recobró su libertad mediante la suspensión condicional del proceso, en la que la jueza impuso tres condiciones: la primera, radicar en su domicilio; la segunda, someterse a un programa de rehabilitación y la tercera, desempeñar un empleo u oficio.

Durante seis meses el imputado deberá cumplir con estas disposiciones, en caso contrario lo volverían a detener para que enfrente su proceso al interior del penal de San Francisco Kobén.

De acuerdo con autoridades municipales, además de este ilícito también se estaría investigando una probable red de explotación de mujeres denominadas “chapitas”, a quienes se impone el cumplimiento de una cuota en la venta de dulces, cigarros —y ahora se sabe que droga— o de lo contrario son sometidas a vejaciones y torturas.

Por tratarse de personas monolingües —sólo hablan chontal o quetzal—, las afectadas no han podido recurrir a las instancias gubernamentales para denunciar la situación en que se encuentran.

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