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Ilegal, desalojo de chapines

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FRONTERA CON GUATEMALA.— Un año después de que 120 familias guatemaltecas se asentaran en esta zona tras ser desalojadas violentamente por el Ejército, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BJDHG) dictaminó que fue ilegal el desalojo en Laguna Larga y propuso el retorno provisional de los desplazados a su comunidad de origen.

Reunidos en este campamento provisional que un año después de su instalación ya luce mejor fisonomía, aunque persiste el lodazal, las carencias y todo tipo de alimañas, los desplazados y refugiados de Laguna Larga analizaron su situación junto con representantes del Bufet Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y representantes de organismos no gubernamentales de ambos países.

Edgar Pérez Archila director del BJDHG, propuso emitir resolución de condena al Estado de Guatemala por haber violado el debido proceso de desalojo de Laguna Larga el 2 de junio del 2017, por no haber notificado, ni dado posibilidad de defensa y audiencia a la comunidad, ni acreditar que tenía algún derecho que discutir ante un juez. Simple y sencillamente ejecutó una orden judicial que provoco esta crisis humanitaria y el desplazamiento de las familias.

Pérez Archila confió en que a través de amparos planteados, se pueda solicitar el retorno provisional de los refugiados a su lugar de origen. Entre otras cosas se están violando derechos humanos como vivienda digna e identidad, pues en lo que va del año han nacido 16 personas en el campamento y no cuentan con nacionalidad.

Pidieron que la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala gestione ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado guatemalteco que acepten el retorno provisional.

Míriam Catarina Roque Chávez, procuradora adjunta de Derechos Humanos de Guatemala, comentó que verificaron las condiciones de Laguna Larga, a un año de  ocupada por el Ejército de Guatemala, la Policía Nacional y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Además observar las condiciones en las que viven los desplazados en la línea fronteriza con México en materia de vivienda, salud, alimentación y ausencia de apoyo del Gobierno de Guatemala, entre otras.

La Comisión tiene la encomienda de emitir recomendaciones al Gobierno de Guatemala a través de un informe detallado. Constantino Vásquez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo Local (Cocodel), detalló que de las 110 familias que se asentaron en el campamento el 2 de junio de 2017 con 416 personas, quedan 102 familias y 390 habitantes.

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