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En 10 años pierden custodia 523 papás

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“El derecho de convivencia no lo tienen centralmente los padres, sino los hijos, la convivencia es pro niño”, aseveró el magistrado y presidente de la Sala Penal del Poder Judicial del Estado (PJE), José Antonio Cabrera Mis, al revelar que en 10 años los jueces de lo familiar han emitido 523 pérdidas de la patria potestad en la entidad.

La pérdida de la patria potestad —explicó—, es un procedimiento que intenta el padre o madre biológicos contra la contraparte que ha violentado o tratado de forma no correcta los derechos a favor de los menores de edad”.

La finalidad es privar de esos privilegios o derechos que el padre o la madre ejerce sobre los menores de 18 años, principalmente el de ser sus custodios de manera permanente.

La pérdida de la patria potestad puede traer como consecuencia nulificar cualquier tipo de relación o convivencia que pudiese tener el menor con sus padres, siempre y cuando sea perjudicial para el sano desarrollo síquico y emocional de los menores.

“La pérdida de la patria potestad no trae necesariamente la nulidad de esa relación; esta cancelación procede cuando se demuestra que es perjudicial a la formación de los hijos menores de 18 años”, enfatizó Cabrera Mis.

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño —vigente desde 1991—, algunos derechos fundamentales que tienen los menores hacia sus padres son: conocer quiénes son sus padres biológicos, la identidad, vivir en familia, desarrollarse dentro de un ambiente familiar de armonía y paz, y convivir con sus progenitores”.

“Ningún derecho fundamental es absoluto, sino que tiene excepciones cuando se presentan algunas circunstancias”, expuso.

Cuando esa convivencia —padre e hijos— signifique perjuicio para la formación o interés superior de las o los menores de 18 años, como la violencia familiar y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, la patria potestad puede perderse. “Estas dos situaciones son las que principalmente se invocan en los escritos de demandas”.

Por eso es importante aclarar que el derecho de la convivencia no lo tienen centralmente los padres, sino los hijos con sus papás. Aun cuando alguno de los padres reclame la convivencia con sus vástagos, si es perjudicial para ellos el juez siempre la va a negar, es el concepto de pro niño, explicó.

Cabrera Mis destacó que el concepto pasó de “adulto céntrico” a “pro niño”, desde los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de múltiples tesis y jurisprudencias, así como de opiniones consultivas del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Para la pérdida de la patria potestad por incumplimiento de la obligación alimentaria, no necesariamente debe existir una sentencia previa y que ésta sea incumplida por el padre, pues basta con comprobar que el padre o la madre ha dejado de hacerlo”.

Para iniciar el juicio —que ya es oral y puede quedar resuelto en dos meses— de pérdida de la patria potestad, se requiere la demanda ante el Juzgado de lo Familiar, más actas de matrimonio, si se tiene, y de nacimiento del o los menores, algunas constancias de hechos de la Fiscalía General del Estado de Campeche y/o del DIF, y enlistar las pruebas con que cuente el padre o la madre.

Una vez admitida la queja, las fechas de audiencia es fijada en cinco días y la principal en ocho para emitir sentencia, aunque a veces se prolonga dos meses.

En cada caso, los jueces escuchan a los hijos o menores. Dependiendo de la edad, profesionistas en psicología realizan entrevistas que son tomadas en cuenta por el juzgador a la hora de emitir fallo.

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