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Revisó Consejería Jurídica más de 680 instrumentos legales

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La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ha revisado 684 instrumentos en la materia, entre proyectos de leyes, reglamentos, y demás acuerdos de observancia general, convenios, acuerdos de coordinación o de colaboración y actas, informó su titular, Margarita Alfaro Waring.

Esta instancia constituye una coordinación de la revisión y visado de proyectos de instrumentos jurídicos y disposiciones de carácter general que remiten las dependencias y entidades de la administración pública estatal, previa verificación de los requisitos legales correspondientes.

Desde la emisión del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de septiembre de 2016, se consideró la creación de una unidad administrativa especializada en materia de Igualdad de Género, con lo que se promueve la generación de ambientes laborales libres de violencia y discriminación, resaltó.

Incluso, se verifica el cumplimiento de las obligaciones de incorporación de la igualdad de género en todos los instrumentos jurídicos que sean competencia del Poder Ejecutivo del Estado, pues estas unidades en la administración pública estatal constituyen un mecanismo necesario para encausar las acciones institucionales, a fin de alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

También ponderó la participación en dos proyectos de reformas a la Constitución Política del Estado, una en materia de Centros de Conciliación Laboral, y otra de Víctimas, así como en la revisión de siete anteproyectos de leyes y reformas.

Asimismo, se implementaron cursos de capacitación a los titulares de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia, sobre derecho administrativo local.

Del mismo modo, significó el anteproyecto de “Lineamientos de la Comisión de Estudios Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado”, cuyo propósito es fortalecer la legalidad en las actuaciones de los servidores públicos, mediante la emisión de disposiciones y formalidades mínimas a las que deberán ajustarse respecto de los proyectos de instrumentos jurídicos que, en representación del Estado, se pretendan suscribir por parte del gobernador, o de los titulares de las dependencias.

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