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Impune el 70% de violaciones

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Además de aumentar la penalidad carcelaria contra los violadores, urge mejorar los procesos de procuración de justicia, porque de cada 10 denuncias por violencia sexual, apenas tres tienen sentencia condenatoria, denunció el Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche (OVSGC).

Sin embargo, el Colegio de Profesionistas en Derecho “Barra de Abogados de Campeche” sostuvo que aumentar la pena al delito de violación, que en Campeche recientemente pasó de 14 a 25 años,  no es la
solución.

La coordinadora del área de Derechos Humanos del OVSGC, Liliana Lomelí,  expuso que la reforma del Congreso del Estado a algunos artículos del Código Penal, solamente representa el primer paso. “Qué bueno que aumentan de 14 a 25 años de prisión a quienes cometan el delito de violación, además de multa de 300 a 500 Unidades Diarias de Medida y Actualización (UDMA)”.

Pero no basta con aumentar las penas, pues lamentablemente el Estado de Campeche sigue ocupando los primeros lugares en temas de impunidad en los delitos de violación, por lo que prácticamente lo aprobado en el Congreso fue avalar una ley estéril, porque no se están generando las condiciones ni garantizando que las mujeres puedan acceder a la justicia, consideró.

Es fundamental que los operadores de justicia tengan en claro que todos los delitos contra las mujeres y las niñas tienen que atenderse con enfoque diferenciado, interviniendo de forma integral, además de investigarlos con la debida diligencia y tomando en cuenta lo que diga la víctima. Lograr, más que nada, que los agresores estén sujetos a proceso y posteriormente sancionarlos.

Derivado de una investigación —recordó Lomelí—, un grupo de trabajo declaró una Alerta de Violencia de Género en el Estado, y señaló que de 346 denuncias por violencia sexual emitidas de 2013 al 2015, no se sabe cuántas terminaron en procesos y sentencias. De 1997 al 2015 han sido presentadas dos mil 125 denuncias, y sólo se investigaron 631. De éstas, apenas en 427 hubo
sentencias.

Esto revela que no se está garantizando a las víctimas el acceso a la justicia, sean mayores o niñas, y sobre todo en el caso de mujeres indígenas y de comunidades rurales, entre otras cosas porque no pueden pagar abogados, no saben sus derechos y sufren doble discriminación.

Además, no se les cree a las víctimas ni se les proporciona un trato digno. Las investigaciones de los ministerios públicos son tan deficientes, que cuando se  llega a la siguiente instancia, el juzgador también actúa con patrones culturales discriminatorios y no emite sentencias condenatorias. Los focos rojos prevalecen en los municipios de Campeche, Candelaria, Escárcega, Calakmul y El Carmen, y lo hemos venido planteando reiteradamente.

Las leyes seguirán siendo estériles, planteó Lomelí, si no se investigan y sancionan los delitos de violación sexual. Existe deficiencia en relación a la base de datos, porque no se sabe dónde ocurrieron, en qué municipios, las colonias, las edades, si son mujeres u hombres, si son niñas, jóvenes o adultos.

 

LEGISLATURA IGNORANTE

El presidente del Colegio de Profesionistas en Derecho “Barra de Abogados de Campeche”, Francisco Eustaquio Portela Chaparro, declaró que aumentar la pena reveló la total ignorancia de los integrantes de la Legislatura saliente. Debió aprobar iniciativas de sensibilización, empezando en las escuelas y los hogares, para evitar el delito.

Para bajar la incidencia de violaciones en el Estado se tiene que partir de la educación. “No se erradican las violaciones aumentando los índices de penalidad, hay demasiados tratadistas que así coinciden. Ni siquiera con la pena de muerte se ha demostrado que bajen los índices de criminalidad, como ocurre en Estados Unidos. Todo tipo de delito disminuye con educación, aseveró.

“Pero hay atrasos. Se les atan las manos a los ministerios públicos, que de por sí actúan de manera burocrática, y encima les ponen una mordaza. La ley en materia de derechos humanos sólo vino a beneficiar a los delincuentes, pero no a las víctimas, que tampoco tienen la protección debida”.

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