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Cárcel a papás desobligados

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El Congreso del Estado incrementó las penalidades a los delitos de estupro, hostigamiento, acoso sexual, violencia familiar y contra quienes no cumplan con obligación alimentaria, a los que se impondría de uno a tres años de prisión y multas superiores a los 32 mil pesos.

En sesión extraordinaria que presidió Laura Olimpia Emilia Baqueiro Ramos, presidenta de la Junta de Gobierno y Administración, los legisladores aprobaron también otorgar incentivos fiscales a empresarios que participen en actividades de las zonas económicas especiales (ZEE), y estímulos a los que contraten a discapacitados.

En su penúltima sesión plenaria para tratar asuntos legislativos, el Congreso redujo el inventario al someter a votación seis dictámenes de la Diputación Permanente, y en sesión reservada desecharon 28 solicitudes de juicios políticos.

Además, reformaron los artículos 164, 167, 168, 222 y 224 del Código Penal del Estado, para establecer que la pena por el delito de estupro se imponga a quien lo cometa en mayores de 16 años y menores de 18 —con lo cual es ampliada la esfera de protección penal a menores de edad que pudieran ser víctimas—, y sea de uno a cuatro años de prisión y multa de 200 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

También cambiaron la denominación del Capítulo III “Asedio Sexual” del Título Segundo, por “Hostigamiento y Acoso Sexual”, que implicará castigo de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 200 UMA, “a quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la obligue a ejecutar un acto con fines sexuales o lascivos sin llegar a la cópula, o a observar cualquier acto sexual o de lascivia”.

Los diputados adicionaron el artículo 167 bis del Código Penal del Estado para aumentar la penalidad en los “Delitos que atentan contra el cumplimiento de la Obligación Alimentaria” y “Violencia Familiar”. Habrá mayor severidad contra los deudores alimentarios si se insolventan para evadir su obligación.

“A quien renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el único medio para obtener ingresos, o se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 300 a mil UMA, suspensión o pérdida de los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente”.

Asimismo, con la modificación a la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado se otorgarán estímulos fiscales y financieros y reconocimiento público, a las empresas e instituciones de gobierno que cuenten con programas de contratación de personas con cualquier tipo de discapacidad en condiciones de igualdad que configuren el mínimo del tres por ciento de su plantilla laboral.

El artículo 117 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado fue reformada para dar incentivos fiscales a empresarios que participen en actividades de las ZEE, y fue adicionado el artículo 48 bis al Código Fiscal Municipal del Estado de Campeche, para que los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica puedan acreditar el importe de los estímulos a que tengan derecho, contra las cantidades que están obligados a pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en esta materia.

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