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Que exedil desvió 26 mdp

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Por presuntos delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y peculado por 25 millones 801 mil 880 pesos, que se destinaron a gastos del Carnaval del año pasado, el síndico jurídico del Ayuntamiento de Campeche, Alfonso Alejandro Durán Reyes,  denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, al exalcalde Edgar Román Hernández Hernández, actual secretario de Protección Civil (Seproci) del Gobierno del Estado.

La denuncia involucra al exsecretario del Ayuntamiento, Jesús Antonio Quiñones  Loeza, actual subsecretario de Gobierno; a la exsíndica Diana Mena Lezama; a la extitular de Administración y Calidad, Rocío Cruz Carrillo; al extesorero, Edgar Javier Sosa Illescas, y a la extitular de Cultura, Diana Lorena Escalante Arceo.

La administración del panista Eliseo Fernández Montúfar acusó a Hernández Hernández y sus excolaboradores de asignar ilegalmente cinco contratos para eventos de Carnaval del 2018, por más de 25 millones de pesos, a Roberto Peón, esposo de la diputada local del PRI, Karla Guadalupe Toledo Zamora, que en ese entonces era presidenta del Comité Directivo Municipal priísta.

Según la denuncia, no se realizaron los procedimientos de contratación que establece la ley, ya que por el monto involucrado debió ser por licitación pública, y no por adjudicación directa que benefició a un solo proveedor, aunado a que en la revisión no se han acreditado con facturas o documentos probatorios 15 millones.

“Tampoco hay evidencia de en qué lo gastaron. Incluso, los recursos para cubrir los contratos fueron tomados de otros rubros, con lo que se incurre en desvío o peculado”.

Durán Reyes también acudió al Congreso del Estado a presentar demanda de juicio político contra Hernández Hernández, por el incumplimiento del convenio de las previsiones de recursos para el pago de aguinaldos, y por desviar alrededor de 26 millones de pesos, y exigió sanción administrativa o inhabilitación del ahora titular de Seproci.

El síndico entregó al secretario general del Congreso local, Ramón González Flores, los documentos en que exige se proceda en contra del expresidente municipal.

Y explicó que, si bien en 2017 se eliminó la figura del fuero constitucional, y en materia federal se modificó la Ley de Responsabilidades Administrativas, con lo que se derogó parcialmente la Ley Reglamentaria del capítulo 17 de la Constitución local, que es la que preveía las responsabilidades administrativas de servidores públicos en el Estado de Campeche, el Congreso dejó vigente esa legislación respecto al juicio político.

“La anterior administración debió depositar cuatro millones de pesos cada mes para que al final del año hubiera los recursos suficientes para el pago de aguinaldos, y los registros contables y presupuestales asentaban como que cumplieron presupuestalmente, pero no lo hicieron”.

Abundó que únicamente dos meses pagó cuatro millones de pesos, y otro mes dos millones.

“De manera que cuando entró en funciones la administración de Fernández Montúfar, encontró en la cuenta de previsión 10 millones, cuando debían ser 36 millones. Los recursos federales estaban comprometidos para el Capítulo 1000, y en lugar de abonarlo, se pagaban a proveedores, por lo que hay desvío de recursos”.

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