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Divide opiniones tema de reforma educativa

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En tanto diputados de Morena y Nueva Alianza Campeche (NAC), integrantes de la Comisión de Educación, se pronunciaron a favor del memorándum emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar sin efecto la reforma educativa del 2013, los legisladores del PVEM y del PRI coincidieron en que cumplir su compromiso de campaña, no sea violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que obligaría a dependencias del Gobierno Federal a incumplir las leyes en esta materia.

El presidente y el secretario de la Comisión de Educación de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, el morenista Ricardo Sánchez Cerino, y el aliancista Óscar Eduardo Uc Dzul, manifestaron que el proceso legislativo para la abrogación de la reforma educativa realizada por la administración de Enrique Peña Nieto, está detenida por falta de acuerdos.

Por ello, y para cumplir un compromiso de campaña, López Obrador emitió este recurso, que seguramente tendrá su soporte jurídico en las facultades del Ejecutivo Federal.

Sin aportar algún elemento jurídico, Sánchez Cerino expresó que el presidente tiene buenos asesores, y su decisión no fue tomada a la ligera, deben tener viabilidad las medidas instruidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la de Educación Pública (SEP), para que lo relacionado con el sistema educativo sea manejado como estaba antes de la reforma del 2013.

“Tiene excelentes asesores, y está en sus facultades como presidente, la decisión e instrumento es viable, porque se le da su lugar a los maestros, quienes son los que luchan contra la ignorancia y por un pueblo mejor. Lo apoyaremos, y cuando el pueblo manda, el Gobierno debe obedecer”.

Por su parte, Uc Dzul indicó que habría que analizar la viabilidad del memorándum del Presidente, y su aplicación, pues la reforma educativa tiene muchas implicaciones, por lo que su debate y discusión se deben agotar sin presiones ni chantajes de grupos disidentes para privilegiar los derechos laborales del magisterio, y la educación de calidad de niños y jóvenes.

De su lado, el legislador verde-ecologista, Alvar Eduardo Ortiz Azar, aseguró que si bien el Presidente pretende cumplir un compromiso de campaña, no debe prestarse al juego ni amenazas que lo llevan a tomar decisiones que implican el camino a la ilegalidad, pues para abrogar la reforma educativa del 2013, el Congreso de la Unión debe aprobar los cambios, no con un instrumentos sin sustento legal.

En tanto, la priísta Claudia Muñoz Huicab externó que el propio López Obrador ha declarado que nadie está por encima de la ley, pero con la orden que dio a la SHCP y a la SEP, prácticamente incumple sus obligaciones como Poder Ejecutivo para acatar las normas.

“Debe arreglar los problemas que le están acarreando los mismos grupos que lo respaldaron en su campaña, sin ceder a la presión, para continuar con el procedimiento legislativo en las reformas a la Ley de Educación”.

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