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De forma ágil informarán los juzgados a RFE

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El Poder Judicial del Estado y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron Convenio de Cooperación que permitirá que los jueces informen de manera oportuna al INE, a través de las vocalías del Registro Federal de Electores (RFE), las resoluciones que decreten sobre la suspensión o pérdida de derechos políticos electorales, la declaración de ausencia o presunción de una ciudadana o ciudadano, así como la rehabilitación de los derechos políticos de los ciudadanos.

Con la firma, presidida por René Miranda Jaimes, director ejecutivo del RFE, y por Miguel Ángel Chuc López, titular del Poder Judicial local, y que tuvo como sede la Sala “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá” de Casa de Justicia, se destacó que buscan dictar la disposición administrativa, a fin de que se vigile y supervise que los juzgados emitan oportunamente al INE la información y la documentación soporte.

Durante su discurso, Miranda Jaimes resaltó que este instrumento es el fiel reflejo del compromiso que existe entre los poderes a nivel federal y estatal con el fortalecimiento de la democracia en el país.

De su lado, Chuc López enfatizó que no debe de perderse de vista la trascendencia de la suspensión, la pérdida o, en su caso, la rehabilitación de los derechos políticos en tiempos de elecciones.

“Máxime si entendemos que no puede haber legitimidad democrática fuera del marco que resulta del origen popular del poder político. Esa legitimidad goza, en nuestro país, de una protección constitucional e internacional que aspira a fortalecer y garantizar el desarrollo de los procesos democráticos, y el respeto de los derechos humanos”.

En México, manifestó, los derechos políticos electorales garantizan el desarrollo democrático de la sociedad al permitir la participación de las personas en la gestión de los asuntos públicos, de manera directa o indirecta, al facultarlas para votar y ser votadas, y sobre todo al brindarles igualdad de condiciones para ejercer algún cargo en la administración pública, o de representación política.

“En congruencia con el actual estatus constitucional legal, es facultad exclusiva de la autoridad jurisdiccional resolver acerca de la suspensión de los derechos políticos y de los derechos civiles de las personas”.

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