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Pasaron 33 años y no falló la justicia…

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Por “falta de interés jurídico”, porque sus promoventes fallecieron o las empresas demandadas cerraron, desaparecieron o quebraron, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ordenó “enterrar” 782 expedientes promovidos por al menos 900 campechanos en contra de unos 725 negocios, a cuyos propietarios o representantes acusaron de violar sus derechos laborales.

No se pronunciaron los laudos correspondientes por abandono de los promoventes, generalmente debido a que contemplaron la escasa posibilidad de probar sus aseveraciones, y en consecuencia perdidas sus promociones. También influye el burocratismo en las decisiones de la dependencia.

En la primera sesión del pleno 2019 efectuada el 24 de septiembre de 2019, que encabezó Rosely Alejandro Cocom Couoh, en su calidad de presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, se consideró en el punto 4 inciso B “el archivo definitivo de expedientes con más de 30 años de antigüedad, por falta de interés e impulso jurídico de las partes ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, la Junta Especial número 02 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y el Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche”.

De acuerdo con el número de los expedientes de juicios laborales que fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el pasado 10 de octubre de 2019, los juicios inconclusos corresponden a los años 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993. Se pudo constatar que los afectados que se quedaron sin recibir el laudo (a favor o en contra) suman al menos 898 campechanos, aunque la cifra es evidentemente mayor, ya que la mayoría de los 782 expedientes archivados involucraba a varias personas.  Se involucraron a 725 empresas, la mayoría de las cuales ya no funcionan.

El expediente más antiguo data del  20 de enero de 1986 y corresponde a una queja de Marcos Pulido López en contra de la empresa Conservación de Terminales de Transportes, S.A. de C.V.  y el más reciente no resuelto tiene fecha del 16 de diciembre de 1993, promovido por Patricia Sulub Canul en contra de Jaqueline Adam Richaud.

Abundan las demandas en contra de cantinas o restaurantes ya desaparecidos, como El Monasterio, La Ceiba, Las Palmas, Los Cocos, Bar Maya, Tropicana, Guelaguetza, o empresas como la Cooperativa Esperanza, La Sociedad de Producción Chiclera, Molinos del Sudeste o incluso la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que desapareció desde hace más de 20 años de la entidad.

Desaparecerán las JLCA

El argumento de mayor peso esgrimido durante la sesión de la JLCA del pasado 24 de septiembre, señala que “con motivo de la reforma en materia laboral en la que de manera específica se incluye la desaparición de las Juntas de Conciliación, la creación de los Centros de Conciliación y del estudio de los expedientes que se encuentran en los  archivos de esta autoridad se desprende que existen juicios que datan desde los años 1986, 1987, 1988, 1989 e incluso de 1990, en que durante aproximadamente dos décadas, ninguna de las partes ha realizado promoción ni trámite alguno lo cual denota falta de interés jurídico de los mismos”.

La justificación agrega: “Por los años de juicio es probable que los centros de trabajo ya no existan o en su caso, los demandados y/o actores ya fallecieron sin que se hubiera informado a la autoridad, por lo cual no se ha tramitado diligencia alguna”.

Pese a ello,  los representantes argumentaron que el artículo 771 en concordancia con el 685 de la Ley Federal del Trabajo ordena “vigilar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios promovidos ante ellos no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo”.

Mientras que el ciudadano Marcos Pulido López tuvo que esperar hasta 33 años sin que su demanda laboral haya sido resuelta, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó que ante su inminente desaparición, y con la finalidad de no heredar una pesada carga de trabajo a quienes queden al frente de este organismo, procedieron a la depuración de aquellos juicios que se encuentren inactivos y que previa su identificación, se determine su archivo definitivo, “por falta de interés e impulso jurídico de las partes, por medio de la figura jurídica establecida en el Capítulo XI de la continuación del proceso, y de la caducidad de la ley de la materia (Art. 771 al 775 LFT)”.

Sin embargo, se comprometen a atender los expedientes que se encuentren bajo las citadas circunstancias para la continuidad de los asuntos para su pronta resolución en términos de la ley… o hasta que transcurran tres décadas y los asuntos no se resuelvan.

Rezago de más de 7 mil expedientes

La falta de acuerdos entre las partes demandante y demandada y el burocratismo que impera en las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), tanto de Campeche como de Ciudad del Carmen, han provocado un rezago de al menos siete mil expedientes, que no han sido resueltos pese a que han transcurrido varios años del proceso.

Información oficial revela que cada año se reciben entre dos mil y dos mil 500 juicios laborales, de los cuales se desahoga a través de la conciliación el 65 por ciento y el resto continúa con sus procedimientos normales, lo que significa que cada año se acumula un promedio de 900 expedientes, que tardan en desahogarse y en que no se emite el laudo correspondiente.

Hasta 2018 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Campeche reportaba la existencia de cinco mil expedientes laborales en rezago en las oficinas de la JLCA de Campeche y Ciudad del Carmen, y el pasado jueves la secretaria del Trabajo,  Laura Luna García, declaró durante un evento en la isla carmelita que el rezago se había incrementado hasta los siete mil procesos sin resolver.

La reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados “para brindar justicia pronta y expedita” a  través de los nuevos Centros de Conciliación, que sustituirán a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pretende agilizar la resolución de demandas laborales y estima que en un tiempo máximo de un mes, los trabajadores ya obtengan respuesta a sus asuntos.

La reforma laboral busca alcanzar la transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales,  para que el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas se haga cargo de la impartición de justicia en esa materia, “con juicios mucho más cortos, expeditos, orales, modernos, ágiles y eficientes”, señala el dictamen de la reforma correspondiente.

Este proceso de transición deberá concretarse en un plazo de tres años y corresponderá al Poder Judicial del Estado de Campeche prever la creación de este nuevo tribunal, así como la asignación del presupuesto, el personal, el edificio y todo lo que concierne a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Laboral.

En este plazo de tres años para que las juntas locales desaparezcan, tendrán que terminar de atender todos los asuntos que actualmente tienen en proceso, el rezago de al menos siete mil expedientes que existe en estos momentos, y los 900 juicios en promedio se acumulan cada año, porque no se llega a la conciliación.

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