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Suspensión federal sobre el Tren Maya

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Un juez federal concedió la suspensión provisional del proyecto del Tren Maya a comunidades indígenas del pueblo maya peninsular y chol, asentados en Xpujil, municipio de  Calakmul, Campeche, por lo que la autoridad deberá “abstenerse de emprender actos tendientes a su ejecución, mientras no sea resuelta la suspensión definitiva”.

Informaron lo anterior los integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), como la asesora jurídica Elisa Cruz Rueda; Artemia Fabre, de Diálogo y Movimiento y Romel González, coordinador de Democracia y Desarrollo.

El pasado 14 de enero el Poder Judicial de la Federación concedió la suspensión provisional de la ejecución del proyecto Tren Maya, afirmaron, en respuesta a una solicitud de amparo que presentaron en contra del proceso de consulta simulada celebrada en asambleas informativas y consultivas con representantes de comunidades indígenas, para obtener la aprobación de las comunidades.

La solicitud de amparo presentada el 6 de enero del 2020, ilustraron, reclama “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo Federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, y la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación al derecho humano a que se garantice consulta previa libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada”.

Son señaladas como autoridades responsables al presidente Andrés Manuel López Obrador; el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

El proceso de consulta, aseguraron, se efectuó sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —del cual el Estado mexicano es parte—, y en contravención a lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, pues no recibieron información detallada con antelación suficiente, ni se respetó su derecho a la participación, ya que la estructura de los foros de la supuesta fase informativa del 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades, precisaron. Antes de consultar, aclararon, ya se había anunciado la aprobación del proyecto a través de diversos canales públicos.

Tampoco la consulta se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, ya que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad.

Ante lo expuesto en la solicitud de amparo, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche concedió la suspensión provisional. Es decir, explicaron, para que las autoridades responsables, con independencia del resultado de la consulta en relación al denominado Tren Maya, se abstengan de aprobar el proyecto, o bien, al haber sido decretada la aprobación, se abstengan de actos tendientes a ejecutarlo”, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva, o sea, el fondo del tema.

Tras expresar su alegría por el fallo, las comunidades indígenas asentadas en Xpujil exhortaron al resto de los pueblos en los estados de la República afectados por el Tren Maya, a que agoten la vía jurisdiccional para defender su derecho a una verdadera consulta, a la integralidad de sus tierras y territorios y a la autonomía y libre determinación.

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