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Fraude descomunal

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YUCATÁN.- Productores citrícolas denunciaron que la Juguera de Akil fue objeto de un presunto fraude que rebasa los 90 millones de pesos y responsabilizan al ex presidente de esa cooperativa Miguel Angel Canul López.

En conferencia de prensa en conocido café de esta ciudad, el presidente del Consejo de Vigilancia de la Juguera, Víctor Humberto Be Chablé y el delegado Freddy Aké Domínguez, dieron los detalles del supuesto delito.

Ambos explicaron que en los cinco años de gestión de Canul López, dejó deudas por más de 35 millones de pesos más 50 millones de pesos que no ingresaron por venta de cítricos al extranjero y unos cinco millones de pesos que adeuda a seis mil productores y a empresarios.

Este martes 10 de diciembre presentarán la denuncia en contra de Canul López, quien durante sus cinco años como presidente no rindió cuentas ni convocó a asambleas.

Las irregularidades detectadas son 50 millones que no ingresaron a las arcas de la cooperativa por la venta de jarabes concentrados en Alemania y en el mercado nacional.

Otros 35 millones que sirvieron para la compra de materiales de construcción, equipos así como otros artículos que Canul López pagó con dinero de la Juguera y pero sirvieron para apuntalar un rancho en el municipio de Oxkutzcab, más cinco millones de pesos que no pagó en cinco años a seis mil citricultores por la compra de sus frutos, más deudas vigentes a empresarios.

También lo acusan de la venta ilegal de un terreno perteneciente a la planta de Akil que no fue avalado por la asamblea.

De hecho exhibieron documentos con firmas supuestamente falsas de la aprobación de los productores y eso fue avalado por el Notario Público número 70 con sede en Mérida, Fernando Castillo Patrón.

Además, Canul López, no convocó a asamblea para renovar la presidencia, ya que impuso a su subordinado Ignacio Maravé Casanova como presidentel.

De igual modo, Canul López con el aval del diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), William Sosa Altamira, ocupa desde mayo pasado el cargo de director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Maxcanú.

Los quejosos aseguraron que solicitarán una audiencia pública con el gobierno del estado para que intervenga, ponga orden en la planta.

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