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Carpetazo a denuncias contra ex funcionarios de la alcaldía

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La Fiscalía General del Estado (FGE) dio oficialmente por cerrada la denuncia del Ayuntamiento de Mérida contra ex funcionarios municipales priístas por un presunto desvío de 240 millones de pesos, al negarse a realizar el recurso de revisión solicitado por la autoridad municipal.

En entrevista en sus oficinas, la directora de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida, Lissette Mimenza Herrera, confirmó que la Fiscalía ya les notificó que no procede la revisión de la denuncia por presunto desvío de recursos.

Recordó que a principios de 2013 el Ayuntamiento de Mérida presentó una denuncia penal en contra de la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, Álvaro Omar Lara Pacheco y el ex tesorero Carlos Bastarrachea Lara, por un supuesto desfalco de más 240 millones de pesos de enero a agosto de 2012.

Pero la instancia estatal, informó a la Comuna el 24 de diciembre de 2013 que ese asunto quedaba archivado porque no encontraron elementos para procesar penalmente a los ex funcionarios antes señalados, explicó.

Añadió que el municipio se inconformó con ese dictamen porque considera que existen los elementos necesarios para fincar responsabilidades penales y “nos fuimos a la solicitud de una revisión jurídica del expediente que era la última opción”.

“Pero el 27 de enero de 2014 nos informaron de la Fiscalía que no procede tampoco el juicio de revisión del expediente porque no hay elementos para fincar acción penal”, comentó.

Con este “lamentable” fallo, continuó, prácticamente se desecha la denuncia aún cuando la propia titular de la Fiscalía, Celia Rivas Rodríguez, reconoció que nunca la revisó y ni siquiera leyó la denuncia de la Comuna que porque tenía “errores de origen”.

“Según Rivas Rodríguez, si la Auditoría Superior del Estado no encontró irregularidades cuando estudió las cuentas de la pasada administración, ni presentó denuncia, entonces no hay elementos para proceder penalmente, lo cual sin duda es un despropósito que viene de alguien que tiene la obligación de investigar cualquier denuncia”, dijo.

“Lamentamos la decisión de Rivas Rodríguez, quien demuestra que el cargo le queda demasiado grande para hacer justicia porque demostramos con pruebas la desaparición de millones de pesos de los meridanos”, expresó.

 

PIDEN CUENTAS

En ese contexto, los siete diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron ayer por la mañana a la sede de la FGE para solicitar por escrito información relacionada con el actuar de la dependencia y aclarar dudas sobre diferentes procesos.

Encabezados por su coordinadora, Sofía Castro Romero, los legisladores entregaron a las puertas del edificio (pues no los dejaron ingresar), al secretario Técnico de la Fiscalía, Alberto Pérez Palma, el documento que contiene una serie de preguntas, entre las que destaca el proceso que se le sigue al recurso de revisión interpuesto por el Ayuntamiento de Mérida, el cual como le mencionamos ya fue desechado.

Este proceso está relacionado con la denuncia que interpuso la Comuna meridana contra ex funcionarios de la pasada administración priísta, encabezada por la hoy senadora yucateca Angélica Araujo.

“Lo que presentamos fue una solicitud de información en un marco constitucional, de acuerdo a lo que se establece en el artículo octavo de pedir información a una autoridad”, indicó el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda.

“No estaba la fiscal, al parecer está de viaje y por eso nos recibió un secretario Técnico”, comentó.

Otras de las preguntas planteadas son: qué ha hecho la Fiscalía en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), el estado que guardan las averiguaciones previas que tiene en proceso la dependencia estatal, así como los amparos que ésta ha tenido y el curso que se le ha dado a las mismas.

Lozano Poveda señaló que al no acudir Rivas Rodríguez al Congreso a comparecer, pues no fue designada por el gobernador Rolando Zapata Bello, como parte de la glosa de sus primeros 15 meses de gestión, quedaron pendientes muchas dudas y preguntas sin responder.

“Acudimos porque consideramos que se debe informar sobre las acciones que ha realizado la Fiscalía, es un derecho de la sociedad”, apuntó.

Los legisladores panistas confiaron en que la fiscal dará respuesta a las preguntas planteadas a fin de abonar a la transparencia y buena rendición de cuentas.

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