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García Luna, impunidad garantizada

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MÉXICO, DF.— Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le abrió la puerta del penal de Tepepan a Florence Cassez al concederle el amparo de la justicia federal, a García Luna le pavimentó el camino para no enfrentar a la justicia por ese caso.

Pero el máximo tribunal no fue el único en garantizarle protección al ex director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y ex secretario de Seguridad Pública. También lo hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el propio gobierno de Enrique Peña Nieto.

Su abogado defensor, el penalista Alonso Aguilar Zinser, asegura que hasta la semana pasada García Luna no había sido requerido por la Procuraduría General de la República (PGR), por este ni por ningún otro asunto.

“No ha sido requerido para ninguna declaración ante el Ministerio Público Federal ni notificado de que exista una investigación penal ni de otro tipo en su contra, ni por el caso de Florence Cassez ni por ningún otro”, declara el litigante a Proceso.

A la Corte sólo le interesó la liberación de Cassez, no las consecuencias de las violaciones constitucionales y de derechos humanos que una contundente mayoría de ministros de la Primera Sala del máximo tribunal atribuyó a García Luna, y a sus más cercanos colaboradores en la entonces AFI.

El 8 de diciembre de 2005 agentes de la AFI detuvieron a la francesa al sur de la Ciudad de México, y después de una escenificación televisiva la presentaron el día siguiente ante el Ministerio Público, el cual tomó su primera declaración sin asistencia consular.

Como director de la ahora desaparecida AFI, García Luna era entonces funcionario del gobierno de Vicente Fox en la PGR, y a finales del año siguiente se convirtió en uno de los hombres más cercanos al sucesor de Fox, Felipe Calderón, quien lo encumbró como titular de la también ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública.

En el gobierno de Fox, García Luna “transformó” la Policía Judicial Federal de la PGR, en la “policía investigadora” de la AFI. Pero su esplendor lo vivió a lo largo de todo el gobierno de Calderón, quien lo respaldó para enfrentar el caso de la francesa y no dudó en presionar a los ministros, para que al menos durante su administración la Corte le negara el amparo a la acusada.

En la versión final del amparo con el que liberó a Cassez el 23 de enero de 2013, el máximo tribunal del país evitó pedir a la PGR investigar los delitos cometidos por los ex funcionarios que en un afán de inculparla de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas, pasaron por encima de la Constitución y de instrumentos internacionales.

La última versión del amparo directo en revisión 517/2011, de la ministra ponente Olga Sánchez Cordero, no hace ninguna mención al establecimiento de las responsabilidades de García Luna, de sus cercanos colaboradores, y de los ministerios públicos de la PGR implicados en esas violaciones, pese a que durante las discusiones de la Primera Sala en torno al amparo, varios ministros pidieron que se les investigara y sancionara.

 

A corregir errores

El más explícito de los cinco ministros de la sala fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, pese a haber votado contra la liberación de Cassez, tanto en la discusión del 21 de marzo de 2012 como en la del 23 de enero del año pasado, cuando la Corte le concedió el amparo y ese mismo día voló a París, después de siete años en prisión.

Durante la primera discusión, Pardo fue claro en su petición de sancionar a los policías responsables del montaje de la detención de la francesa y su entonces novio, Israel Vallarta Cisneros, así como a los ministerios públicos federales que integraron la averiguación previa que afectó todo el proceso penal.

“Quiero decir que el simple hecho de haber accedido a la realización de este montaje o simulación —no sé cómo llamarlo—, me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en términos de ley, y que desde luego, deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas”, expresó (Proceso 1847).

Aunque no favoreció el amparo, Pardo apoyó para que la protección de la justicia federal solicitada por Cassez fuera discutida en la Primera Sala, debido a “las violaciones que se advierten en la detención, la averiguación previa y en su caso, el proceso penal seguido contra la quejosa”.

Con el montaje, dijo, “hay la afectación al derecho fundamental de ser puesto a disposición de una autoridad sin demora por parte de los captores”, lo que ocurrió cuando la AFI tardó 35 horas para presentar a Cassez ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), hoy Seido.

Según Pardo, en la Siedo también se violó el artículo 21 de la Constitución respecto a la actuación del Ministerio Público y el derecho a la asistencia consular, previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Ese fue el parecer prevaleciente en la Primera Sala en su sesión definitiva de hace un año, y así quedó asentado en los cuatro resolutivos. En el primero se determinó revocar la sentencia de 60 años que pesaba contra Florence Marie Louise Cassez Crepin, el segundo anunció la concesión del amparo, el tercero ordenó a la autoridad penitenciaria su libertad absoluta e inmediata, y el cuarto ordenó que se comunicara el fallo al consulado de Francia en México.

De ahí declaró el asunto concluido y lo mandó al archivo. No hizo ninguna mención a las responsabilidades ni mucho menos dio vista a la PGR, a pesar de tener identificados nombres y cargos de los implicados en las violaciones graves a la Constitución.

Al día siguiente de la liberación de Cassez, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, declaró a la prensa que del cierre del caso contra la ciudadana francesa “podría derivar una averiguación”.

Dijo que el caso era una llamada de atención “a quienes impartimos justicia y a quienes están encargados de la seguridad, para que esto no vuelva a repetirse; corregir errores significa hacer justicia. Vamos a ver que esto no se vuelva a repetir porque sí lastima”.

Murillo no fue el único en hablar de justicia. También lo hizo el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva. Después del fallo de la Corte, emitió el 13 de marzo un informe especial “sobre las irregularidades cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República en el caso de la señora Cassez”.

Pero Plascencia tardó años para emitir su pronunciamiento contra esos funcionarios, pese a que desde diciembre de 2005, cuando la AFI montó el espectáculo mediático sobre la detención de Cassez y Vallarta, estaba enterado de quiénes habían sido los principales responsables: Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Así se lo hicieron saber los propios detenidos en sendas quejas ante la CNDH y que recayeron en él cuando era primer visitador del organismo.

En su informe Plascencia concluyó que el día de la detención, que ubica como el 9 de diciembre de 2005, servidores públicos de la ahora desaparecida AFI y del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Siedo —ambas pertenecientes a la PGR—, “cometieron una serie de irregularidades en torno a dicha investigación, que propició un efecto corruptor que vició el procedimiento penal respectivo”.

Para la CNDH, esa actuación irregular provocó además de la vulneración de los derechos humanos de Cassez, que “tales conductas constituyeran la probable comisión de delitos”, empezando por la escenificación del operativo de rescate.

Los servidores públicos de la PGR involucrados en los acontecimientos violaron los derechos humanos de Cassez, “lo que tuvo como consecuencia que quedara en libertad ‘no por ser inocente, sino por las violaciones al debido proceso’”, asentó Plascencia en su informe para dejar en claro que no dudó de la participación de la francesa en las acusaciones que le hizo García Luna.

 

Los desahogos

A partir de la obligación del Estado mexicano de investigar las violaciones a los derechos humanos “con el objetivo de que (…) no queden impunes”, Plascencia le pidió a Murillo investigar los probables delitos y las faltas administrativas cometidas por los ex funcionarios de la PGR, empezando por el fundador de la AFI.

Dijo que la PGR debía investigar “hasta la total detención de los responsables” y que debía tomar medidas “para lograr la reparación de los daños ocasionados a las víctimas”.

Plascencia le dijo a Murillo Karam que eran 21 los involucrados: el director, el director general de Investigación Policial y el director de Operaciones Especiales, todos los de la Agencia Federal de Investigación. También pidió investigar a los cinco policías que participaron en la aprehensión y a los 10 efectivos de apoyo. A esos 18 integrantes de la AFI sumó dos ministerios públicos y al responsable de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la Siedo.

De acuerdo con el desahogo judicial al que tuvo acceso Proceso, los principales señalados por la CNDH son: Genaro García Luna, como cabeza de la AFI; Luis Cárdenas Palomino, como director general de Investigación Policial, y Javier Garza Palacios, en su calidad de director de Operaciones Especiales. A ellos se sumaron el jefe del operativo en el rancho Las Chinitas, Israel Zaragoza Rico y los policías José Aburto Pazos, José Luis Escalona Aldama, Carlos Alberto Servín Castorena y Germán Ovidio Zavaleta Abad.

Están incluidos también los 10 integrantes de las dos células de apoyo que participaron en la detención de Cassez y Vallarta, como presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco. En la indagatoria de la CNDH está excluido el entonces encargado del área de secuestros de la AFI, Gerardo Valenzuela Rodríguez.

En la investigación de la CNDH también aparecen señalados como probables responsables, el director de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la Siedo, Jorge Rosas García, y los agentes del Ministerio Público Federal, Alejandro Ignacio Santamaría y Nora Caballero Trejo.

Los tres dependían del entonces titular de la Siedo, José Luis Santiago Vasconcelos, quien murió en un accidente aéreo junto con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el 4 de noviembre de 2008. En el momento de la detención de Cassez, el titular de la PGR era Daniel Cabeza de Vaca, hoy integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

Según las documentales judiciales, los policías que intervinieron directamente en el operativo señalaron que Cárdenas Palomino y Garza Palacios, estuvieron en el momento en el cual los detenidos fueron presentados “en vivo”, por Televisa y TV Azteca.

Aunque Cárdenas Palomino, ahora ejecutivo de seguridad de TV Azteca, declaró que llegó después de la detención, tanto Cassez como Vallarta lo identifican como quien los golpeó para que se declararan culpables ante las cámaras de televisión.

En el caso de Garza Palacios, su participación está documentada en una entrevista que dio a la televisora de Ricardo Salinas Pliego, en la cual aseguró que a los detenidos se les aseguraron armas de alto poder y estaban implicados en otros secuestros.

Cárdenas Palomino y Garza Palacios fueron estrechos colaboradores de García Luna en la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública. A Cárdenas lo hizo jefe de la División Regional de la Policía Federal; a Garza lo mantuvo en ese cargo pero en la entonces Policía Federal Preventiva y luego lo mandó como agregado policial a Colombia, en medio de una investigación en su contra por supuestos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con la sentencia de la SCJN favorable a Cassez, “resulta irrelevante si la planeación y ejecución de la escenificación ajena a la realidad fue perpetrada por los miembros de la Agencia Federal de Investigación que realizaron materialmente la detención, por sus altos mandos o por ambos. Lo cierto es que hubo concierto de agentes de la autoridad, que a través de acciones complejas manipularon la realidad”.

Respecto a los funcionarios y agentes del Ministerio Público de la Siedo, las constancias judiciales identifican a Alejandro Ignacio Santamaría como el agente de la PGR que ratificó la puesta a disposición y ordenó la retención, declaración y aplicación de exámenes a Cassez y Vallarta, ya como presuntos implicados.

Como parte de la violación al debido proceso judicial, aparece el acuerdo de puesta a disposición de Cassez firmado por el agente ministerial, sin que Cassez hubiera recibido ninguna asistencia prevista en la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Santamaría también requirió a los servicios periciales extraer la información de los celulares asegurados a los detenidos y practicar “cuantas diligencias sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

Las indagatorias sobre las probables responsabilidades atribuidas a los empleados de la Siedo también identificaron a Nora Caballero Trejo como la agente ministerial que justificó la “imposibilidad” de que Cassez recibiera asistencia del consulado francés en su primera declaración ministerial, porque ya estaba cerrado cuando lo buscaron el día de la detención, “y en los teléfonos del consulado no contestaron”.

La actuación del presidente de la CNDH sobre las responsabilidades de los entonces funcionarios de la AFI y de la Siedo, sólo hasta que la Corte comenzó a discutir la libertad de Cassez, fue cuestionada por Israel Vallarta.

En carta del 26 de marzo de 2012 entregada a Proceso, Vallarta dice: “Existen funcionarios con principios divididos, que con su doble moral solapan y justifican los abusos y dolo con que actúan diversas autoridades. Me refiero al actual presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva”, quien con su “aparente ingenuidad” ante la actuación de la AFI y la Siedo, “entendió bien su parte del libreto” en el montaje del caso Cassez.

Jorge Carrasco Araizaga

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