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Expediente Parte 1 del 09/03/2014

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Cloaca de la corrupción en Pemex

Tras destaparse la cloaca de la corrupción que los gobiernos del “bien común”, es decir de los presidentes de la República emanados del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, procrearon, amamantaron y toleraron en Petróleos Mexicanos para enriquecer a manos llenas y en dólares a familiares, socios y amigos, y a ellos mismos, viene a confirmarse la deshonestidad que caracterizó al docenato perdido de los panistas.

Al mismo tiempo viene también a corroborarse que las acciones, decisiones y posiciones que en su momento a muchos pudieron parecer no sólo injustificables e indefendibles, sino inentendibles, en realidad tenían un claro propósito, objetivo y finalidad, por ejemplo, echar mano de los probadamente corruptos, convenencieros, ambiciosos, y sumisos al capital extranjero, particularmente español, para que fueran parte del robo, el latrocinio y la rapiña de las arcas públicas, mediante la asignación de contratos amañados e ilícitos y el fraude descarado.

Tal es el caso de Mario Alberto Ávila Lizarraga, quien meteóricamente pasó de ser un campechano que sobrevivía de las comisiones que cobraba como vendedor de una agencia automotriz local, a delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, político perdedor y funcionario de altísimo nivel de Petróleos Mexicanos, a pesar de su carencia de perfil profesional para ello y de no saber distinguir entre un barril de crudo y un crudo en un barril.

¿Por qué el entonces presidente panista del desempleo y la guerra sangrienta e inútil contra la delincuencia organizada autorizó el nombramiento de Ávila Lizarraga como subdirector de Operaciones Marítimas de Pemex? La respuesta resulta obvia cuando se observa la corrupción que inició en la paraestatal desde el sexenio de los arrumacos y las cucamonas de Vicente Fox en las cabañitas de Los Pinos, y que se acrecentó en la administración del michoacano de la casaca militar grande Felipe Calderón: para que fuera parte de quienes contribuyeron a saquear.

MAAL había dado plena muestra de su abyección, pasión por clavarse el dinero público y su vocación irrefrenable por las prácticas fraudulentas, durante su paso por la Sedeso y candidato de la familia ibérica Mouriño al Gobierno del Estado, portando las siglas de su franquicia, el PAN.

Al frente de la Sedeso –por obra y gracia del entonces secretario de Gobernación que le hablaba a la oreja y le tallaba la espalda a Felipe Calderón—, Mario Ávila desvió recursos de programas sociales para tres objetivos: cooptar a la población destinataria de apoyos para engrosar el padrón albiceleste, autopromoverse políticamente y comenzar a enriquecerse ilícitamente, como lo demostró con la desvergonzada construcción de su residencia palaciega en Lomas del Castillo, aunque sin pagar el correspondiente Impuesto Predial.

Como político panista y con Juan Camilo extinto, es indiscutible que Ávila Lizarraga se prestó al engaño de los españoles Mouriño, propietarios del Grupo Energético del Sureste (GES), para que con el cuento del “sueño y el legado” del íntimo amigo de Calderón –que quedaron en el limbo porque nadie supo en qué consistían— intentaran sumar a su enriquecimiento económico, el poder político con la gubernatura.

Lo peor no fue eso, sino que para apoderarse de la primera magistratura estatal, el clan ibérico, sin duda alguna con conocimiento y complicidad de Calderón, urdió el fraude mediante el cual intentó posicionar a Ávila con recursos millonarios de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Es decir, dinero originalmente destinado a asistir a las familias más vulnerables del país, y que se trató de desviar a fines políticos.

En el fraude fallido del candidato fallado en Torres de Cristal, participaron Carlos Mouriño Terrazo; el coordinador de la campaña de MAAL, Jorge Luis Lavalle Azar –hoy senador del PAN, quien tiene como suplente a María de los Ángeles Terrazo Blanco de Mouriño—, y el entonces director general de la Lotenal, Miguel Ángel Godínez.

Por todo ello, los campechanos quedaron perplejos cuando Calderón premió la larga cola de corrupción de Mario Alberto Ávila Lizarraga nombrándolo subdirector de Operaciones Marítimas de Pemex.

 

Enriquecimiento de Ávila Lizarraga

Destapada la cloaca que Vicente Fox prohijó en la paraestatal, para permitir el enriquecimiento ilícito de sus hijastros Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de la empoderada Martha Sahagún, y tolerada y ampliada por aquél, viene a comprenderse que no se trató de dar paso sin alpargatas, sino de echar mano de un corrupto como Mario Alberto Ávila Lizarraga para que fuera parte de quienes saquearon Pemex durante el docenato pintado de azul rey.

Bastaría con ver el nivel del enriquecimiento insultante y ostentoso de MAAL, en tan poco tiempo como funcionario público, y principalmente en Pemex, para acercarse un poco más a la comprensión y el entendimiento del inmenso saqueo que los panistas Fox y Calderón alentaron, permitieron y cubrieron en su docenato, particularmente a los hijastros Bribiesca, ligados a Oceanografía, S.A. de C.V., hoy intervenida por un fraude que tiene múltiples aristas como beneficiarios y cuyo monto se estima ya en 46 mil millones de pesos.

Si tomamos en cuenta que el candidato perdedor de la familia gasolinera Mouriño a la gubernatura, pasó siete meses en el más denso ostracismo tras la paliza que recibió en los comicios de julio de 2009, y fue nombrado por Calderón subdirector de Operaciones Marítimas de Pemex en febrero del 2010, cargo al que renunció el siete de diciembre de 2012, luego de la tunda que el PAN recibió en las elecciones federales de ese mismo año, tenemos que permaneció en la paraestatal apenas dos años y diez meses.

De entonces a la fecha, el ex comisionista automotriz lleva un año y tres meses sin dar un solo golpe. Entonces ¿cómo explicar y justificar la enorme riqueza que ahora ostenta y que le permite vivir —y muy bien— en una residencia propia en Houston, Texas? ¿De dónde se hizo de mulas Mario? No es necesario recapitular para entender, comprender y explicar.

La respuesta es obvia, de los recursos que saqueó en la Secretaría de Desarrollo Social, de lo que obtuvo en su fallida campaña a la gubernatura de la entidad, de los malos manejos en Pemex y de los diezmos que recibió para ser parte de la asignación de contratos a Oceanografía, al igual que a otras empresas que trabajan para la paraestatal, como Diavaz, en las plataformas ubicadas en la Sonda de Campeche, frente a Ciudad del Carmen.

De acuerdo con información de El Universal, durante el docenato de los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, Pemex Exploración y Producción otorgó 106 contratos por un valor total de 46 mil millones de pesos a Oceanografía, empresa de Amado Yáñez Osuna, hoy investigada por la Procuraduría General de la República por fraude y presunto lavado de dinero.

Así, con el guanajuatense que cayó víctima de las carantoñas de Martha Sahagún en las cabañas de Los Pinos, Fox, los contratos entre Oceanografía y Pemex ascendieron a 10 mil 530 millones de pesos, cifra que se triplicó en la presidencia del desempleo de Calderón, para llegar a 35 mil 456 millones de pesos.

Aún se recuerda que a mediados de noviembre de 2013, desde Washington, Estados Unidos, se filtró a la agencia Apro —servicios con los que cuenta TRIBUNA— que “desde el primer día de su sexenio, el gobierno de Enrique Peña Nieto emprendió una investigación confidencial contra un oscuro miembro del PAN que fue directivo de Pemex. La indagatoria, a la que Proceso accedio, no sólo sugiere que un alto ejecutivo de la paraestatal se enriqueció ilegalmente: es caso particular que, sin embargo, salpica al calderonismo, al mostrar su círculo de compadrazgos e impunidades”.

“El gobierno de Enrique Peña Nieto investiga por corrupción a un panista clave en Pemex durante el calderonismo: Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP)”.

“Las autoridades federales no se explican cómo se enriqueció ni por qué su esposa ocupó un cargo importante en una empresa favorecida en el periodo de la gestión de Ávila”.

“Según documentos confidenciales de la administración peñanietista, la indagatoria sobre Ávila Lizárraga se inició el 1 de diciembre pasado: el primer día del actual sexenio y un día después de su renuncia como funcionario de Pemex”.

Por ello, no hay duda de que como lo señaló el miércoles de esta semana el coordinador municipal de la Izquierda Renovadora en Movimiento (IRM), del PRD en El Carmen, Luis Alfonso Medina Peralta, las investigaciones federales contra Oceanografía deben necesariamente ampliarse a Mario Alberto Ávila Lizarraga, pues como subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción (PEP), durante la administración de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, otorgó innumerables contratos millonarios a esa empresa “por compromisos de poder con los hermanos Bribiesca Sahagún”, hijastros de Vicente Fox e hijos de Martha Sahagún.

Son muchos quienes coinciden, incluso en el PAN, que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, debe reforzar las líneas de investigación contra Ávila Lizarraga, sospechoso de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, aunque se sabe que es protegido por Ernesto Javier Cordero Arroyo y el senador Jorge Luis Lavalle Maury, copartícipe con MAAL del fraude fallido a Megamedia, y cuya corrupción también fue premiada por Felipe Calderón.

Esta historia continuará. La pus apenas empieza a aparecer.

 

La madeja de Oceanografía

Si de verdad se quiere ir al fondo de la corrupción que imperó en Petróleos Mexicanos (Pemex) en el docenato trágico del PAN en el Gobierno Federal, además de la cabeza de Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía, deben rodar también las de los altos directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre ellos el ex candidato del PAN a la gubernatura, Mario Alberto Avila Lizarraga.

Y habrá que precisar que el caso que ha estado llamando la atención de la opinión pública nacional e internacional, es apenas la punta del inmenso iceberg de la corrupción que ha imperado en esa paraestatal petrolera desde hace muchísimos años, y que, hasta la fecha, sólo ha dejado uno que otro castigado más por cuestiones políticas que por saneamiento real, por ejemplo, el caso de Jorge Díaz Serrano.

¿Se actuará también contra el líder sindical Romero Deschamps o también es de los intocables? Lo más seguro es que no lo toquen ni con el pétalo de una rosa, pues ya bastante show mediático nos han ofrecido esta semana al ventilar públicamente los negocios turbios de Amado Yáñez Osuna.

El morbo campechano espera tener noticias también de nuestros coterráneos involucrados en esa red de corrupción y de enriquecimiento inexplicable. Por eso decíamos que la cabeza de Mario Ávila Lizarraga pudiera ser puesta en subasta en cualquier momento. La lideresa estatal del PAN, Yolanda Guadalupe Valladares Valle, ha dicho que no meterán las manos al fuego por nadie, y si el ex vendedor de autos que ahora vive como jeque árabe tiene culpa, pues que la pague, como también deberán responder ante la justicia otros petroempresarios carmelitas que de la noche a la mañana vieron florecer esplendorosamente sus negocios.

El caso de los Mouriño se cuece aparte. Están dentro del blindaje oficial que también protege al ex Presidente Felipe Calderón y es difícil que por lo menos investiguen el destino que se dio a tanto dinero público que recibieron en los 12 años en que nos mal gobernó el PAN.

Desde el 2008, en pleno apogeo del Calderonato, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, documentó todas las triquiñuelas y negocios turbios que había venido impulsando desde el poder y a beneficio de su familia el extinto Juan Camilo Mouriño, pero pocos hicieron caso a la denuncia, pues al Peje lo acusaron de actuar por el odio y el resentimiento de haber perdido la elección.

También documentó el tráfico de influencias de los hijastros de Vicente Fox Quesada para rescatar a Oceanografía de la quiebra en que se encontraba, pero nadie quiso intervenir —los grandes medios nacionales no replicaron la seria denuncia del Peje tabasqueño—, de suerte que los negocios continuaron floreciendo hasta el escándalo que apenas hoy está aflorando.

La periodista Anabel Hernández, en su libro “Los cómplices del Presidente”, narró y presentó pruebas contundentes de la enorme corrupción que floreció en el Gobierno de Felipe Calderón, para otorgar multimillonarios créditos a “fondo perdido” para la apertura de estaciones de servicio —gasolinerías— propiedad del Grupo Energético del Sureste, para sus tiendas de conveniencia, sus lavanderías y sus franquicias de comida rápida, pero ningún diputado local, federal o algún senador, se atrevió a retomar esos datos e iniciar una investigación oficial. Sin embargo, los hechos fueron comprobados y aún ahora siguen impunes.

La revista Contralínea, que desde hace muchos años documentó la corrupción en la asignación de los contratos a Oceanografía, también ha señalado la presunta participación accionaria del ex Presidente Calderón en el proyecto inmobiliario Campeche Country Club, y basta con apreciar la obra carretera del Periférico que se llamará Pablo García y Montilla, que concluirá exactamente a las puertas de ese centro turístico-recreativo y vacacional, para entender que desde el Gobierno Federal ya sabían a qué le tiraban cuando aprobaron los recursos multianuales para la conclusión de la citada obra carretera.

En este contexto, no es difícil entender porqué tampoco procederán las demandas de los ejidatarios de Lerma, encabezados por su dirigente Pedro Celestino May Can, que se dicen despojados mediante chicanerías y corruptelas, de más de nueve mil hectáreas que son precisamente las del proyecto Campeche Country Club.

¿Por lo menos investigarán las irregularidades? Pensamos que no. Y una prueba es el radical cambio de actitud del actual procurador agrario y ex diputado local Carlos Arjona Gutiérrez, quien, recién desempacadito en el cargo, prometió que se podrían restituir las tierras de los ejidatarios lermeros, si se acreditan las irregularidades en el proceso de compraventa, pero ahora ya no piensa lo mismo, a pesar de que se ha demostrado que hubo asambleas apócrifas, y que votaron a favor del despojo hasta los comuneros que ya habían muerto.

Eso simplemente significa que el manto de protección e impunidad, sigue vigente. Que las investigaciones actualmente en marcha, para sancionar las irregularidades ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón, no llegarán al fondo, que seguirán siendo eminentemente mediáticas, para saciar el morbo popular.

Es probable, es cierto, que le hagan pasar un mal rato a Mario Avila, como comisionista beneficiado por la adjudicación irregular de multimillonarios contratos a Oceanografía, pero finalmente, el ex candidato panista a la gubernatura fue un intermediario más, un títere si se quiere, de quienes lo pusieron en el cargo para que operara a favor de sus intereses.

Y a esos, a sus titiriteros, insistimos, no los tocarán.

 

16 Años de protección de PGR

Aunque han pasado 16 años en los que sistemáticamente la Procuraduría General de la República (PGR) a través de sus delegados en el Estado de Campeche ha cubierto con un desvergonzado manto de impunidad al ex goberladrón Salomón Azar, por el caso del centro de espionaje ilegal que financió, montó y operó en pleno Centro Histórico de la capital de la entidad, la ciudadanía no olvida la perversa conducta del desquiciado enemigo del agua, el jabón, los calzones y los calcetines.

Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien lo impuso como gobernador de Campeche, en franca violación de la ley electoral estatal, pues no reunía la residencia mínima que entonces se exigía a los aspirantes a contender por la gubernatura, era de entenderse, sin que nada lo justificara, que los gobiernos federales priístas le brindaran total protección.

Sin embargo, llegaron los gobiernos panistas del cambio, sin transición, del lengüilargo Vicente Fox Quesada, hoy promotor del cultivo y comercio de mariguana, y la presidencia del desempleo del michoacano de la chaqueta militar grande Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y Salomón Azar también gozó de protección que rayó en la complicidad y la ilegalidad.

Pero si las procuradurías generales de la República y sus delegaciones en Campeche, lejos de cumplir su deber ético, moral y legal, decidieron ser cómplices del ex goberladrón Salomón Azar, no hay la menor duda de que sobre el alopésico espía y defraudador pesa el juicio de los campechanos que lo señalan no sólo como quien sentó seis años su imperio de impunidad y latrocinio, sino como un irrefrenable traidor, como se ha conducido con el gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés, quien hace casi un año lo nombró presidente de una Comisión para la Promoción de la Productividad y Competitividad del Estado de Campeche, y aún así semanas atrás puso en entredicho el manejo transparente de los recursos que se destinan a obras, como el megadrenaje de la ciudad.

Así las cosas, a 16 años de que en el Centro Histórico de la capital campechana fue descubierto el centro de espionaje financiado y operado por el desgobierno de Salomón Azar, hasta el momento no hay avances en las investigaciones, pues los delegados de la PGR de las presidencias priístas y panistas decidieron “congelar” el expediente, y los responsables de la escucha ilegal permanecen impunes, como lo señaló el diputado independiente Manuel Jesús Zavala Salazar.

En más de tres lustros, cinco delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) han protegido al nalguicaído Salomón Azar, a pesar de que “se documentó una nómina que amparaba a por lo menos 14 personas por un millón 128 mil 540 pesos al año, incluyendo aguinaldos y primas vacacionales, que erogaba la entonces Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. También se acreditaron documentos de la compra y convenio entre el Gobierno de Campeche y la empresa Technik, A.G., fechado el 12 de diciembre de 1994, para la adquisición e instalación del equipo de espionaje”.

El centro desde el cual con los equipos más sofisticados el pelón hurgaba en la intimidad de los campechanos, y especialmente de sus críticos y de quienes señalamos puntualmente sus abusos, hurtos e ilegalidades, “era coordinado por Valente Quintana González —quien le importó menos que un comino manchar con su conducta la de su padre, quien fue un reconocido investigador— y Oscar Kaufman Parra, con sueldos mensuales cada uno de 12 mil 376 pesos”.

Como “directores de área’’ aparecían Amador Puente Esparza, Eustaquio Correa Navarrete y Dante Omaña Díaz, a quien el raboverde tinterillo Cruz Manuel “El Cuxo” Alfaro Isaac convirtió en su suegro, y se autoexilió en Mérida, Yucatán, en donde sigue gastando el dinero que junto con Salomón robó a los campechanos, y el que todavía le deja la venta de varios predios del área Ah Kim Pech, que se apropió durante el azariato.

Los campechanos no olvidan que fue la senadora Layda Elena Sansores San Román, quien, al frente de un grupo de campechanos, descubrió el centro de espionaje ubicado en el Centro Histórico, y quien esta semana volvió a lamentar las complicidad de la PGR con el ex goberladrón, para que las investigaciones sigan detenidas y que el espía enemigo de la higiene y la urbanidad continúe impune.

La hoy legisladora independiente y seguidora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recordó esta semana que la noche del 3 de marzo de 1998 encontró en el centro de escucha ilegal más de siete mil 500 evidencias y a los espías in fraganti. A pesar de todo, ello en los últimos 16 años la PGR de las presidencias de Zedillo, Fox y Calderón, protegieron al ex goberladrón, y la impunidad se mantiene, lo mismo que el juicio de los campechanos en el sentido de que el corrupto Salomón Azar es el peor delincuente que haya asolado a la entidad, su gente y sus recursos.

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