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Proceso gana otra batalla contra la opacidad

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MÉXICO, DF.— La opacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y su complacencia hacia el gobierno de Felipe Calderón, señaladamente con la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fueron revertidas al menos en un caso por la justicia constitucional.

Hace casi cinco años, la SSP incurrió en una serie de agravios contra Proceso, al exhibir diversos ejemplares de la revista como parte de las pruebas periciales recabadas durante un operativo contra un cártel del narco.

Por esos hechos, esta casa editorial interpuso una queja ante la CNDH, que fue sustanciada por el quinto visitador, Fernando Batista Jiménez, quien había sido subordinado de García Luna, y no sólo exculpó a la dependencia encabezada por su antiguo jefe, sino que reservó el expediente con la anuencia del ómbudsman, Raúl Plascencia Villanueva.

La resolución de la inconformidad 23/ 2013 por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fue dictada el pasado 15 de febrero, y obliga al ómbudsman a entregar el expediente CNDH/5/2009/3486/Q. El 25 de marzo Batista Jiménez notificó al director general de Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, la disponibilidad de la información solicitada.

 

AGRAVIOS DE GARCÍA LUNA

La queja de Proceso se remonta a 2009, cuando aún era presidente del órgano, José Luis Soberanes, aunque la resolución del recurso y la persistencia en la vía judicial por mantener el asunto bajo reserva ocurrió durante la presidencia de Plascencia.

El 29 de julio de 2009, el entonces titular de la División Antidrogas de la SSP, Ramón Pequeño, presentó a cinco presuntos integrantes de La Familia Michoacana, entre ellos a Armando Quintero Guerra, “El Licenciado”, supuesto operador financiero de Servando Gómez, “La Tuta”.

Como era frecuente en el sexenio de Felipe Calderón, junto con los detenidos presentó las “evidencias” aseguradas: armas, municiones, equipos de comunicación… y cuatro ejemplares de Proceso, a los que Pequeño se refirió como el aseguramiento de “documentación diversa”.

Un día después la SSP difundió un video, fragmento de un interrogatorio a Quintero Guerra, que mencionaba el interés de La Tuta por leer la revista. En todo ese sexenio el semanario trató ampliamente los fracasos de las políticas de seguridad calderonista y los tumbos de García Luna como titular de la SSP (Proceso 1709).

Ante la evidente intención de la propaganda calderonista de desprestigiar a este medio periodístico —en la que reincidiría tiempo después a través de la Secretaría de la Defensa Nacional—, Rodríguez Castañeda presentó una queja ante la CNDH el 4 de agosto de 2009, por considerar que había una vulneración de derechos humanos y riesgos para la integridad y la vida de personal y directivos del semanario, además de que podía constituir un acto de presión o censura indirecta (Proceso 1701).

La respuesta de la CNDH se demoró nueve meses, y aún cuando estaba fechada el 31 de marzo de 2010, se notificó hasta el 27 de mayo siguiente (dos meses de dilación adicional e injustificada), para sólo resolver que la SSP realizó “un acto de difusión legal que no causaba daño”, pues el Ministerio Público no les confirió carácter de pruebas periciales o instrumentos del delito a los ejemplares del semanario.

Aún cuando la presentación de presuntos delincuentes en sí misma plantea una posible vulneración de garantías, y el interrogatorio difundido formaba parte de la averiguación previa integrada para sustentar la acusación contra Quintero Guerra y sus supuestos cómplices, la CNDH avaló su difusión por la SSP, desechando los argumentos del semanario por la criminalización de la que fue objeto.

Proceso realizó una solicitud de acceso a la información para obtener el expediente en el que se había desahogado la queja, pero la CNDH lo negó. Su argumento: que las actuaciones del expediente formaban parte de una averiguación previa.

En virtud de que la queja se presentó en agosto de 2009, cuando la CNDH aún no era sujeto obligado ante el IFAI, este semanario debió recurrir al amparo para revertir la reserva; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo concedió el 6 de febrero de 2013, por considerar que el hecho de mantener el secreto de la totalidad de una averiguación previa impide el ejercicio del derecho de acceso a la información, e incumple con el principio de máxima publicidad (Proceso 1893).

Con ese criterio, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito obligó al ómbudsman a entregar el expediente CNDH/5 /2009/3486/Q. El cumplimiento de esta disposición se encuentra en trámite.

Como ha ocurrido con otros casos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, la queja de Proceso rompió una serie de paradigmas a lo largo de casi cinco años, pues colocó a debate la violación de derechos humanos mediante el abuso de la difusión de acciones gubernamentales; en el plano legislativo se planteó un exhorto del Congreso de la Unión a la SSP para que garantizara al semanario, y en general a los medios de comunicación.

El libre ejercicio de las libertades de prensa y expresión; y además propició que se rompiera el histórico secreto absoluto de la averiguación previa (Proceso 1710, 1712 y 1893).

Ante la orden judicial, el Comité de Información de la CNDH sesionó el pasado 25 de marzo. Como único punto del orden del día figuró la “revisión, discusión y, en su caso, confirmación, modificación o revocación” de la clasificación de reserva.

En realidad, todas esas opciones eran protocolarias, pues la resolución judicial fue contundente y así se expresó en el Acta 01E/2014 de la CNDH:

“Se acuerda entregar al recurrente quejoso la totalidad de la información requerida, sin suprimir ningún dato, tal y como lo ordena la autoridad jurisdiccional”.

 

LA OPACIDAD

DEL VISITADOR

Dos expedientes desahogados en la Quinta Visitaduría, pusieron en evidencia la opacidad con que se conduce su titular, Fernando Batista Jiménez: los casos de Proceso y de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, cuyos familiares han denunciado que ni siquiera fueron recibidos por el visitador y que ahora tramitan dos amparos contra la recomendación 80/2013 de la CNDH.

Forzada por el amparo, la apertura del expediente relativo al semanario se notificó en un contexto de crisis para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que por estos días debe ser renovado.

Paradójicamente, el cuestionado Batista Jiménez se registró como aspirante a comisionado del órgano garante de la transparencia.

Licenciado en derecho por el ITAM, ocupó una dirección general adjunta en la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP desde 2007 hasta 2008, cuando el entonces presidente de la CNDH lo designó director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles.

Batista continuaba en ese cargo en 2012, cuando fue acusado por 35 organizaciones de la sociedad civil, de obstaculizar el debate para la integración del Consejo Consultivo Ciudadano del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Él se justificó diciendo que sólo era moderador (La Jornada, 15 de septiembre de 2012).

Al ser designado quinto visitador, Batista asumió el desahogo de la queja interpuesta por Proceso, y no sólo convalidó la actuación de la SSP bajo el mando de su anterior jefe, Genaro García Luna, sino que hizo todo lo posible para obstaculizar el acceso de este semanario al expediente, incluidas las evidencias documentales que la revista había aportado para integrar la queja. Similar actitud adoptó con los familiares de los 72 migrantes, a los que hasta ahora se les ha cerrado el expediente.

No obstante, al ser la Quinta Visitaduría la responsable de la atención de violaciones de derechos humanos de migrantes, Fernando Batista se ha convertido en uno de los referentes de consulta para la senadora panista, Mariana Gómez del Campo.

El 6 de agosto de 2013, acompañada por Layda Sansores y Fernando Batista, Gómez del Campo anunció en conferencia de prensa su propuesta para que la Procuraduría General de la República creara una fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra migrantes. Esa vez, la senadora panista dijo:

“Fernando ha estado siempre muy activo y proactivo, proponiéndonos muchas cosas que podemos impulsar juntos desde el Senado de la República y trabajando de la mano junto con la comisión” (la CNDH).

A pesar de esos antecedentes de opacidad, y de no tener experiencia en temas de acceso a la información ni en los de protección de datos personales, Batista Jiménez ha decidido transitar en la alta burocracia de los organismos ciudadanos autónomos, y aparece en el puesto 149 de la lista de aspirantes a comisionados del IFAI, aceptados en primera instancia por el Senado.

Es decir que el 25 de marzo, fecha en que Batista tuvo que acatar la resolución judicial contra su opacidad, el Senado lo aprobó como candidato a comisionado del IFAI.

Arturo Rodríguez García

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