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Expediente 13/04/14

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LAMENTABLE SITUACIÓN EDUCATIVA

Con la “guerrera” Elba Esther Gordillo Morales ocupando una celda bajo cargos de lavado de dinero, y aprobada la reforma educativa del Presidente Enrique Pena Nieto, contra viento y marea el Inegi terminó recientemente el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), y sus resultados, aunque nada sorpresivos, confirmaron la podredumbre en ese sector.

Cierto es que desde siempre se sabía de la existencia de miles de profesores que al cobijo de las relaciones entre la Secretaría de Educación Pública, el SNTE y los gobiernos de los estados, cobraban puntualmente sus jugosos sueldos, sobresueldos, quinquenios, estímulos, bonos y vales de todo tipo, pero sin dar un solo golpe, o sea sin cumplir con su función esencial de educar a niños y adolescentes.

Conocer las cifras del Cemabe, que revelan que la situación es mucho más lamentable de lo que se suponía, sólo puede provocar enojo, frustración, censura, rechazo, repudio, etc., pues una parte muy amplia de los presupuestos anuales que la Federación y las administraciones estatales destinan a la educación, se tira por la borda, por ejemplo, para sostener los altos privilegios de una cauda de personas que no cumplen las labores por la que la sociedad les paga.

Y tanto o más indignante resulta corroborar que todo ese dispendio y esa ilegalidad, se ha venido llevando a cabo con el aliento, la tolerancia, la corrupción y la complicidad tanto de los dirigentes sindicales, como de las autoridades educativas y los partidos políticos.

Por ejemplo, en Campeche desde hace mucho tiempo en los corrillos públicos se vienen mencionando los nombres de los profesores más conocidos, que han cobrado sin trabajar y que incluso, sin estar frente a grupo, han venido escalando niveles en el escalafón, para jubilarse o pensionarse con considerables ingresos.

Este es el caso, se sabe, de la mayor parte de quienes en algún momento han ocupado cargos en la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o que han fungido como legisladores locales y federales o desempeñado puestos político partidistas.

Sólo por citar los nombres de algunos de esos personajes, que literalmente han vivido del magisterio sin trabajar, basta con mencionar a Eraclio Soberanis Sosa, actual empresario transportista, y a René Maldonado Sandoval –y su esposa—, que actualmente labora en el Instituto Estatal del Transporte, así como al ex dirigente y actual líder de la Sección IV, diputado local Mario Trinidad Tun Santoyo y Mario Alberto Rodríguez Suárez.

De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, en todo el país hay 39 mil 222 maestros-fantasmas, pues en las escuelas en las que supuestamente imparten clases, nos los conocen ni siquiera sus teóricos compañeros de aulas, y mucho menos los alumnos y los paterfamilias.

Además, otros 30 mil 695 están comisionados o con licencia laboral, pero con sueldo, pues presumiblemente desempeñan labores relacionadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, aunque la mayor parte está incrustada en partidos políticos.

Y por si más podredumbre hiciera falta, los encuestadores del Inegi no encontraron en sus escuelas de adscripción a 113 mil 259 mentores más, o sea que se les pagan sueldos sin que se sepa con exactitud ni dónde están ni a qué se dedican, por lo que incluso podría presumirse que se trata de una enorme nómina falsa, y que el descomunal egreso que representa estaría yendo a dar a los bolsillos de funcionarios corruptos.

Otro dato que evidencia la enorme corrupción que priva en el sector magisterial es que más de 100 mil profesores que ya se jubilaron, pensionaron o murieron, aparecen todavía en los padres de mentores supuestamente en activo.

Se trata entonces, como ya lo han señalado varios analistas y expertos en cuestiones educativas en el país, de un fraude descomunal, cuyo monto nadie y menos la Secretaría de Educación Pública se ha atrevido a estimar, y que amerita una profunda, seria e imparcial investigación, que las contralorías de los gobiernos de los estados deben iniciar, complementando la que deberían llevar a cabo órganos federales como la Auditoría Superior de la Federación, como también la propia SEP.

¿FOBIA CONTRA HUACALERITAS?

Durante toda la existencia del mercado Pedro Sáinz de Baranda las huacaleritas han sido parte importante de ese centro de abasto, pues llegan a ofrecer sus hortalizas, siempre frescas y a precios menores que los de los comerciantes que tienen puestos asignados ahí mismo.

Por ello mismo, su presencia en ningún momento ha sido rechazada por los consumidores, pero sí por las autoridades del propio mercado, que en cada administración municipal han insistido en desalojarlas, pero sin ofrecerles espacios para reubicarlas y que esto no repercuta en la caída de sus ventas.

Pareciera que las autoridades municipales tienen alguna especie de fobia tanto por las huacaleritas como por las pulperitas, que en cada temporada anual de captura del octópodo se ubican en puestos improvisados y triciclos en un extremo del malecón citadino. ¿Será porque se trata del eslabón más débil, desprotegido y sin representación gremial de todos los que confluyen en el Sáinz de Baranda?

No lo sabemos, pero sí que para colmo las huacaleritas se han quejado en forma permanente de ser víctimas, por ejemplo, de los inspectores que dependen de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Campeche, quienes les decomisan sus rábanos, cilantro, cebollas verdes, epazote, pepinos, naranjas, limones, chile habanero, etc., e incluso han llegado a tirárselos al suelo.

Así, el martes de esta semana se editó en el Sáinz un nuevo episodio de desalojo de las huacaleritas, por parte de inspectores de la Subdirección de Mercados, antimotines y agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), que no sólo superaban en número sino en fuerza física a aquellas, por lo que la percepción de los consumidores que observaron lo que ocurría y lo filmaron con sus teléfonos celulares, es que el operativo fue exagerado.

“Ahora resulta que las señoras son peligrosas y tienen que llamar a los antimotines. Esperemos que hagan lo mismo con los introductores que obstruyen desde hace años la calle Nicaragua”, gritó un hombre cuando arribaron las patrullas de Seguridad Pública.

Es cierto, la diferencia en la intervención municipal y policiaca es notable, pues en tanto las huacaleritas fueron desalojadas entre gritos y empujones, los introductores de todo tipo de frutas, que en buena medida proceden de otras partes del país, no han sido tocados ni con la tinta de una amonestación de la Comuna.

A vista y paciencia de las autoridades, desde hace varios años los introductores foráneos se apropiaron de la calle Nicaragua, en el tramo que sale a la avenida Circuito Baluartes, para instalar varios puestos, y además desde las nueve o diez de la noche por sus pistolas cierran la arteria, para estacionar sus camiones y descargar sus mercancías, complicando el tráfico vehicular y peatonal, sin que el Ayuntamiento ni la Policía se los impida.

¿Por qué el sesgo y la intolerancia en el trato hacia las huacaleritas, y la tolerancia —o complicidad— con los introductores?

Tampoco lo sabemos, pero el administrador del mercado, Manuel Antonio Flores Pavón, quien solicitó la intervención de la policía para salvaguardar la integridad física de los inspectores, y las autoridades de la Comuna, debería explicarlo, y ofrecer un lugar adecuado a las huacaleritas, para salvaguardar los intereses del eslabón más débil de la cadena. Eso sería lo más justo y solidario. ¿O no?

COMPLICIDAD CON AVIADORES MAGISTERIALES

En el caso del Estado de Campeche, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial determinó, entre otras cosas, la existencia de 958 profesores comisionados, pero la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación asegura que sólo tiene 90 mentores en comisiones, lo que podría llevar a creer que los 868 restantes son algo así como ánimas en pena o judíos errantes, pero extrañamente esos entes etéreos, se materializan cada quincena para cobrar puntualmente sus jugosos ingresos.

Al respecto Manuel Augusto Loeza Cabrera, quien ya no tiene hijos en edad escolar, pero quien por increíble que parezca todavía dirige la Asociación Municipal de Padres de Familia, exigió ya que las autoridades desaparezcan las plazas de los comisionados magisteriales. Nada más lógico y justo, pues los fantasmas si acaso deben estar en el limbo, pero no cobrando como mentores, sin dar clases ni realizar actividad educativa alguna.

Loeza calificó de indignante e inconcebible que mientras los recursos presupuestales se dilapidan en mantener a un cúmulo de comisionados y aviadores, muchas escuelas y sus aulas carezcan de Internet, computadoras y teléfono, y no cuenten con sanitarios adecuados ni drenaje, y mucho menos con suficiente y actualizado material didáctico.

En los mismos términos se expresó el diputado promotor de matrimonios, uniones, enlaces, desposamientos, anexiones, acoplamientos, ensambladuras y hermandades gay, que avaló la Ley de Sociedades de Convivencia que no reconoce ese derecho a la comunidad del arcoíris, y quien en sus años mozos incursionó lo mismo en el boxeo amateur, que en las pasiones del tálamo, el receptáculo, la tongada, el trabuquete, la cazalla, el fárrago y el talamete, José Ismael Enrique Canul Canul.

El legislador perredista exhortó a sus compañeros diputados y en especial a Mario Trinidad Tun Santoyo, ex dirigente de la Sección IV del SNTE y actual presidente de la Comisión de Educación, a investigar a fondo la situación de los comisionados y aviadores del magisterio, para sancionarlos.

Pero las reacciones de los representantes del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de México (Sitem), Carlos Enrique Chan Keb y Raciel Medina Pacheco, como del SNTE en la entidad, Mario Alberto Rodríguez Suárez, fueron totalmente distintas, pues en tanto aquellos prácticamente se limitaron a señalar que el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) dejó al descubierto serias deficiencias en escuelas de las zonas rurales, este último rayó en la complacencia y el cinismo.

Muy alejado de la indignación ciudadana que exige una auditoría a fondo del caso, Rodríguez Suárez primero justificó la presencia de los comisionados, porque agilizan trámites y demandas de sus compañeros mentores, y que debe haber un proceso de regularización, “en especial de los maestros comisionados”, a fin de colocarlos en sus respectivas escuelas, ¡para que impartan clases conforme a sus plazas!

¿Que los comisionados y los aviadores impartan clases? Eso no está en chino sino en sánscrito académico. Sin verdadera vocación para la enseñanza, pues si la tuvieran no se habrían alejado de las aulas, seguramente más tardarían esos “profesores” en llegar frente a sus grupos, que en emprender de nuevo la huida.

Además, “colocar” a comisionados y aviadores en las escuelas en donde tienen asignadas sus plazas, de ninguna manera sería una regularización de la indignante y lamentable situación corroborada por el censo.

Regularizar el problema tiene que ir mucho más ahí y partir de una profunda, seria e imparcial auditoría, para saber quiénes son los funcionarios y dirigentes magisteriales que fueron cómplices del asunto, aplicarles las sanciones que prevea la ley y obligar a quienes defraudaron al Gobierno y a la sociedad, cobrando sin trabajar, a devolver peso a peso el dinero que se embolsaron sin haber cumplido su función de enseñar.

Hacia esos fines debe abonar, por ejemplo, el acuerdo del Congreso del Estado de pedir a la Secretaría de la Contraloría Estatal auditar a la Secretaría de Educación (Seduc) e identificar y ubicar por nombres a “comisionados y aviadores” y fincarles responsabilidades civiles, administrativas y penales. Así debe ser. ¿Se hará?

PRECISIONES DE CRONISTA

El cronista “¿o ex cronista?” de Tenabo, Eudaldo Chávez Molina, nos envía sus precisiones sobre los comentarios hechos en esta columna el domingo pasado. Lo resumimos por razones de espacio.

1.—El verdadero problema que se está dando en el seno del Ayuntamiento de Tenabo se deriva del hecho de no haber aceptado dos sueldos, uno como regidor y otro como cronista con la condición de aprobar todas las cuentas mensuales de la comuna. Por ser ilegal no acepté.

Comenté en mis artículos los errores de usar la imagen del Gran Poder de Dios como utilería, y la inversión de millones de pesos en la feria, que no se justificaban, y menos cuando se presumió en su momento una pérdida de cinco millones de pesos, que hasta hoy no se ha aclarado, entonces ordenó a sus regidores que me despidan.

2.—Mi actividad como cronista vitalicio está documentada mi labor de más de 30 años en las páginas de TRIBUNA y en otros medios donde me dieron la oportunidad de dar a conocer mi labor, por cuestiones de espacio no enlisto mi labor de esos años.

3.—En Tenabo, como en algunos municipios, existen tres cronistas, uno vitalicio, otro municipal y un tercero adjunto al ayuntamiento. Nunca he utilizado mi cargo como patente de corso, ni como privilegio de inmunidad.

Mis ausencias de Tenabo por motivos de trabajo, nunca impactaron mi labor como cronista Vitalicio, labor que sigo ejecutando sin recibir ni un centavo, conjugada con mis otras actividades profesionales. Es más el cronista del alcalde vive en un ejido de Champotón, porque presuntamente trabaja en una telesecundaria enclavada en el medio rural.

4.—En el presente caso nadie encabeza a nadie, pero tampoco se ha manipulado a nadie, cada quien es responsable de su propio destino, así se los he manifestado a los regidores en las sesiones y he respetado el sentido de las cuentas mensuales que se manejan en la opacidad.

5.—Ratificó que nada tengo que ver con el asunto de promoción de actividades ilícitas de las que habla el presidente en sus conferencias de prensa, convirtiéndose así en el mejor promotor de lo que niega.

6.—Desde el inicio de la administración fijé mi postura al señalar omisiones a la Ley Orgánica de los Municipios y de la Constitución Federal.

7.—En cuanto a las solicitudes que dice el alcalde que se han perdido, son de información, y que el presidente municipal en cínica violación a la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública, ha ordenado a todos sus funcionarios que no den ninguna clase de información.

8.—En el caso de la demanda por los delitos de abuso de autoridad, robo, asociación delictuosa, entre otros, en esta semana se instauró el recurso de amparo por su amañado retraso.

9.—Desde el inicio de mi cargo he actuado siempre con total independencia y criterio, solamente dependo de mi libertad para decidir.

10.—Aclaro que en mi labor de cronista vitalicio de la ciudad, mi oficina de trabajo está en mi domicilio particular, porque el Ayuntamiento nunca asignó un espacio. No se me puede comparar con el cronista de Campeche, pues él sí tiene todo el respaldo de la alcaldesa, hasta presupuesto para publicaciones diversas, auxiliares y oficina equipada.

11.—Referente al espacio que le correspondía al PVEM en la planilla a la Presidencia Municipal de Tenabo en la última elección, como resultado de una alianza, se la cedieron al PRI y éste se la concedió a otra persona sin trayectoria política. En cuanto a mi cargo de regidor, no soy cuota del PVEM. Soy un repre

PROMOCIÓN SINDICAL Y COMPLICIDAD OFICIAL

La corrupción que durante muchas décadas ha permitido que en todo el país miles de profesores defrauden al Estado mexicano y a la sociedad, va más ahí de lo que a simple vista pudiera observarse, y sin duda merece no sólo una investigación profesional, sino conocer los nombres de quienes han venido cobrando sin dar clases, pero también de sus encubridores.

Por supuesto, no habría que ir muy lejos para encontrar a éstos últimos, pues los promotores, sostenedores y beneficiarios de tan deshonestos privilegios han sido los pasados y actuales dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como también de la Coordinadora Nacional (CNTE), al igual que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y sus delegaciones en las entidades federativas, y los gobiernos de los estados.

Centralizada o no la educación y el manejo de sus presupuestos anuales, está claro que sindicatos, autoridades educativas y gobiernos son, más que corresponsables —¿o coirrresponsables?— de muchísimos millones de pesos que se han derrochado para subsidiar la simulación, el valema

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