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Michoacán: Los nahuas de Aquila, atacados

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AQUILA, Mich.— Octavio Villanueva Magaña, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, denuncia que está siendo perseguido y hay una orden de aprehensión en su contra. Afirma también que 16 de sus compañeros siguen presos en el penal de Perote, Veracruz, y tres en el de Mil Cumbres, Michoacán. Tres desaparecieron y cinco fueron asesinados.

“No estamos de acuerdo en formar parte de la Fuerza Rural Estatal que propone el Gobierno Federal. Tememos que se convierta en el instrumento de represión contra los pueblos indígenas michoacanos. El objetivo de nuestra guardia es cuidar nuestra comunidad y nuestra gente. Estamos en contra de expandirnos y andar conquistando territorios, como lo hacen los grupos de autodefensas apoyados por el Gobierno Federal”, dice Villanueva.

 

EN LA MIRA

San Miguel de Aquila, entre la costa y la sierra michoacanas, ha sufrido diversos saqueos. La zona es rica en recursos naturales, entre ellos bosques, ríos, arroyos y minas, y tanto el Gobierno como algunas trasnacionales han buscado la forma de adueñarse de ese patrimonio, reseña Villanueva en entrevista.

Recapitula: En los setenta se descubrieron minerales cerca de la localidad; hierro, principalmente. Esto provocó que la empresa Las Encinas, del grupo Hylsamex, buscara construir una mina y llevarse el material. Ante tal interés, los comuneros se unieron y lograron que el 15 de diciembre de 1980, el ex presidente José López Portillo otorgara a 344 habitantes los derechos sobre 20 mil 658.4 hectáreas.

Dos décadas después, en 2000, los pobladores aceptaron la entrada de la minera a condición de que el consorcio diera mil pesos anuales a cada comunero. La empresa nunca pagó. En 2005 Hylsamex fue vendida a la minera italo-argentina Ternium. La nueva dueña tampoco abonó un peso. Ante esta situación los nahuas se fueron a juicio y exigieron el pago de regalías por la explotación y los daños causados a la naturaleza. Lograron su objetivo: En 2012 firmaron un convenio por el cual recibirían 2.30 dólares por tonelada extraída.

“Para entonces, el crimen organizado ya era un punto delicado. En la región opera el cártel de Los Caballeros Templarios, cuyo jefe de plaza es Federico González Medina, “El Lico”. El grupo se dedicó a extorsionar, robar, secuestrar, traficar drogas y otras actividades ilícitas. Cuando ganamos el pago de regalías a Ternium, la empresa difundió en los medios locales que cada comunero recibiría entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales. A partir de entonces El Lico exigió el pago de 700 mil pesos al mes”, detalla Octavio Villanueva.

Con la supuesta aquiescencia de Eustolio Nava Ortiz, delegado de la Procuraduría Agraria en Michoacán, el capo y los comuneros “corruptos” José Cortés Méndez, Fidel Villanueva Ramírez y Miguel Zapién Godínez, consiguieron la explotación de otras minas, como La Estanzuela y La Colomera. El presidente del Comisariado afirma que de ellas se extrajeron las más de 100 mil toneladas de hierro ilegal que transportaban dos buques decomisados en Manzanillo en mayo pasado.

“La comunidad estaba siendo asolada por la delincuencia; la consigna del crimen era y es: ‘¡Pagan o se mueren!’ La inseguridad en la región era permanente y el Gobierno no cumplía su papel de proteger a la comunidad, así que fue la extorsión y la necesidad de proteger la vida, la familia y el patrimonio lo que nos orilló a conformar la guardia comunitaria. En ningún momento la intención fue desafiar al Gobierno y sus instituciones, a las cuales les tenemos un gran respeto”, puntualiza.

Para el 24 de julio de 2013 —a poco más de un mes de haber entrado en acción—, la guardia comunitaria ya había retomado el control y expulsado a los Templarios. Se invitó al presidente municipal, Juan Hernández Ramírez, a apoyar el movimiento, pero en respuesta, el priísta abandonó el pueblo junto con los delincuentes. El político se refugió en San José de Alima.

La población vivió en paz durante el tiempo en que operó la guardia comunitaria. Todo cambió el 14 de agosto de 2013, cuando en un megaoperativo entraron a San Miguel de Aquila la Policía Estatal, la Marina y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) del Ejército. Llegaron a las 7 de la mañana, levantando y agrediendo a los integrantes de la guardia local.

Destruyeron las oficinas de la comunidad y se robaron efectivo y artículos con valor de un millón de pesos, narra Villanueva.

Al ver el despliegue, que consideran arbitrario, los comuneros cercaron la comunidad y 100 elementos del Ejército quedaron dentro. Los inconformes pidieron dialogar con el Gobierno Estatal, pero a cambio llegaron miembros del GOE en formación de combate, con gases lacrimógenos y balas de goma.

Disolvieron la defensa, dejaron una ristra de heridos y detuvieron a 45 personas de la comunidad, entre ellos al líder, Agustín Villanueva.

Los agentes se llevaron a los aprehendidos rumbo al puerto de Lázaro Cárdenas. En el camino pasaron por el poblado La Placita —cuna del crimen organizado de la región—,donde soltaron a cinco comuneros con la intención de que el crimen organizado se encargara de ellos. Afortunadamente un taxista se ofreció a llevarlos a Aquila, pero días después ese chofer fue asesinado por Templarios.

Después de pasar por Lázaro Cárdenas los detenidos fueron trasladados al penal de Mil Cumbres, en Morelia. Agustín Villanueva Ramírez, Efraín Villanueva Ramírez y Vicente Villanueva Ramírez fueron acusados de robo, allanamiento de morada, secuestro, violación, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y acopio de cartuchos. Los demás presos fueron trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en la Ciudad de México. Los acusaron de tener vínculos con el crimen organizado.

El 20 de agosto los parientes de los líderes comunitarios fueron al penal de Mil Cumbres pero no los dejaron ver a sus detenidos. En la tarde se organizó una marcha en el centro moreliano, pero cuando los familiares abordaron el autobús para regresar a su comunidad, un grupo de encapuchados lanzó piedras y gasolina al autobús y lo incendió.

Ese mismo día mil policías estatales sitiaron Aquila, irrumpieron en el auditorio, saquearon, robaron, violaron y ultrajaron a los comuneros. Fueron a las oficinas de la empresa comunal Lanesek, donde amenazaron y golpearon a los trabajadores. Para rematar asesinaron a quemarropa a los guardias, Salvador Ramos Eudave y Jacinto Alejandro Martínez Paulino. El alcalde Juan Hernández Ramírez encabezó el operativo.

El 28 de agosto el gobernador interino, Jesús Reyna —actualmente procesado por su presunta relación con Los Templarios—, visitó Aquila, llevó despensas y pidió a los pobladores que olvidaran lo sucedido porque ahí “no había pasado nada”.

Pero los hechos lo desmintieron: ese mismo día, en La Estanzuela, Los Caballeros Templarios levantaron a Miguel Alcalá Alcalá, familiar de un comunitario. Fue torturado, ejecutado y tirado en el basurero del pueblo. El 2 de octubre, Emilio Martínez López y Miguel Martínez López también fueron torturados, ejecutados y colgados. Les dejaron un narcomensaje que decía: “Esto les va a pasar a todos lo que anden de comunitarios”.

El 25 de noviembre, Ignacio Martínez de la Cruz, Francisco Javier Ramos Walle y Carlos Zapién Díaz, dirigentes de la comunidad indígena, desaparecieron mientras viajaban rumbo a Colima. “Sabemos que los autores intelectuales de estas desapariciones fueron José Cortés Méndez, Miguel Zapién Godínez y Fidel Villanueva Espinosa; ellos le pagaron al jefe de plaza, Federico González Medina, quien ordenó a sus secuaces Israel y Rogelio Lazo Carreón que los ‘desaparecieran’”, acusa Octavio Villanueva.

 

CONTRA LA IMPUNIDAD

El presidente del Comisariado exige al Gobierno Federal que ordene medidas cautelares para garantizar el derecho a la integridad personal y a la vida de los detenidos y los habitantes de San Miguel de Aquila.

Al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, le exige cercanía y le recuerda que la población está padeciendo hostigamiento, persecución y amenaza por parte de los presuntos “grupos de autodefensa”, fuerzas policiacas y militares.

Las autodefensas, encabezadas por Rubén Baltazar “El Chopo”; María de la Luz Sandoval y su hijo Omar Valdéz Sandoval, han amenazado de muerte al comisariado Villanueva por no pagarles los 700 mil pesos mensuales que Los Caballeros Templarios cobraban a la comunidad.

Los nahuas se integraron a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), dirigida por Francisco Jiménez Pablo, quien denunció que las autodefensas de Aquila amenazan a los pobladores con fusiles AK-47. Uno de los acusados es José González García, quien alardea de que tiene el apoyo del comisionado Castillo.

El titular de la CNPA-MN señala: “El 31 de enero, a iniciativa del subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, me reuní por primera vez con Alfredo Castillo Cervantes para plantearle el caso de Aquila. Nos dijo que rearmáramos a la guardia comunitaria, nos pedía que nos alineáramos con José Manuel Mireles y con Hipólito Mora; le dijimos que no estábamos de acuerdo porque no compartimos la idea de una autodefensa expansiva que conquista territorios, pero sobre todo porque escuchábamos que el proyecto de las autodefensas de alguna manera fue auspiciado y tolerado por el Estado”.

Patricia Dávila

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3 Comentarios

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